Si además de la impugnación por la contratación de personal, por la vulneración de real decreto de reposición cero, se le suma que no se destinaron para los puestos que eran objeto de "necesidad", como así se argumentaba en los decretos de Alcaldía y de la Concejalía de Personal y Recursos Humanos del Concello de Ourense, de la que es responsable la edil no electa, Carmen Rodríguez, la polémica se convierte en denuncia por parte de los grupos de la oposición.
Así lo hizo la concejala de Democracia Ourensana, Susana Gómez, en el pleno del pasado viernes, que reprochó a la edil de Bienestar social y teniente de alcalde, Marga Martín, tener "mucha cara", al quejarse de que no podían contratar a pesar de las necesidades que dijo existían.
Gómez criticó que se contraten conserjes para edificios municipales; centros cívicos y colegios públicos, alegando "acumulación de tareas surgidas en el servicio", cuando la realidad es que luego están en la propia concejalía, como sucedió en el caso de Bienestar Social y en Educación.
Y fue más allá, al explicar que después de preguntar por esta situación, "deprisa y corriendo" trasladaron a estar personas contratadas como interinos, a los puestos que habían sido objeto de nueva contratación.
Es por eso que tanto por parte del PP como por DO, a tenor de los acontecimientos, exigen responsabilidades por la política de personal que se vienen llevando a cabo por el gobierno municipal, a la vez que ponen de manifiesto la "falta de respeto" a la legalidad vigente, en clara alusión a la impugnación de contratos que formalizó el abogado del Estado.
