La actual concejala del PP en O Carballiño, Pilar Montserrat Caride, que el lunes testificó en la causa abierta contra Baltar por una presunta política de personal prevaricadora, se presentó por primera vez hace "siete o diez años" a puestos de trabajo en la Diputación de Ourense, con el expresidente todavía en el sillón, y sigue cobrando del ente con el hijo, que la ha renovado en un puesto de promotora de igualdad financiado por la Xunta. Según ella, le llegó una carta del INEM. Caride fue compromisaria en el congreso del PP ourensano de 2010 que llevó al poder a José Manuel Baltar . Catorce días antes del cónclave Caride empezó a trabajar como técnica en igualdad de oportunidades en la Mancomunidad carballinesa. Su puesto y otra veintena más fue considerado "urgente e inaplazable" por el exbarón en un decreto investigado que surtió personal a ayuntamientos y entidades del rural ourensano.

Cuatro supuestos "enchufados", todos vinculados al PP menos una trabajadora que negó ser cargo popular, fueron interrogados la tarde del lunes. Todos confirmaron una de las claves que sustentan la querella del fiscal jefe. La oferta de sus trabajos no era pública. Los testigos reconocieron que no se publicó en el BOP o el tablón de anuncios y tampoco consta peticiones por registro de empleo. No supieron explicar por qué fueron ellos y no otras personas las que entraron a trabajar en los puestos temporales, aunque, en función de las cuatro declaraciones, afirmaron según el caso haber entregado su currículum, conocer que la Diputación tenía vacantes por otros compañeros o porque en enero se aprobaban los presupuestos, formar parte de las listas de contratos temporales.

La concejala Pilar Caride y el también edil de gobierno en Nogueira de Ramuin, Juan Luis Cachaldora, reconocieron haber pasado por el despacho de abogados que lleva a José Luis Baltar antes de sus declaraciones, tal y como reveló FARO. Cachaldora fue, en un principio, para ver su implicación judicial. Acudieron, aseguran, tras leer en prensa que Atrio y Romero defendían al expresidente y por el "prestigio" del bufete. Negaron, en todo caso, haber sido coaccionados o haber recibido instrucciones sobre qué declarar. El PSOE deduce que trataron de "proteger" al expresidente imputado.

Caride estuvo sin trabajo unos meses antes de que fuera contratada como técnica por decreto de Baltar tras alegar este una petición expresa de ayuntamientos y mancomunidades. La concejala dijo al juez que la de O Carballiño pidió personal varias veces.

La edil responsable de Turismo desempeñaba en el puesto temporal asuntos de emigración e inmigración. Rendía cuentas a un jefe de servicio que tendrá que declarar el martes. La supuesta "enchufada" reivindicó sus méritos, haber cursado un máster y no "recuerda" si los puestos en la Diputación se adjudicaban mayoritariamente a gente vinculada al PP. También declaró haber pasado varias pruebas de selección en estos años. El lunes declaró que se enteró de que había una vacante en la mancomunidad para el puesto que finalmente ocupó porque empezó allí en 2007 y la volvieron a llamar para cubrir el servicio. Para esa plaza la cogieron cada vez que se presentó, según su testimonio.

Juan Luis Cachaldora es edil en el concello de Nogueira de Ramuin donde José Luis Baltar fue alcalde. El exbarón lo contrato como agente de empleo, un puesto que el edil popular había desempeñado desde 2004 con un parón de dos años Cachaldora pasó un examen y en 2010, fecha de la investigación, no consiguió la nota pero luego lo llamaron. Fue "todos los días" a preguntar a la Diputación. El concejal reconoció haber hablado con José Luis Suárez, jefe de Personal e hijo del alcalde del PP en Monterrei. Cachaldora, quien también defendió tener máster, dijo desconocer el método de selección y si su contratación tenía que ver con militar en el PP.

Las otras dos supuestas "enchufadas" por Baltar Pumar que testificaron el lunes engrosaron con puesto de ordenanzas la plantilla del Centro Cultural Simeón, que llegó a tener 26 porteros en la época investigada. El director, Francisco González, quien ya declaró ante el fiscal, hizo un informe pidiendo personal por el incremento "notable" de actividad al tener tres salas de exposiciones abiertas, un horario de lunes a domingo, exposiciones de renombre y "gran" actividad en conferencias, congresos o jornadas. Las dos testigos negaron que hubiese trabajo extraordinaria. Eran seis u ocho personas por turno y dos o tres el fin de semana.

Afiliada al PP según el PSOE y sin ningún cargo, según ella enfatizó, Rosa María Cabano estuvo a nómina de la Diputación entre 2008 y 2009 y desde enero a abril de 2010. Se dedicaba a vigilar la sala, estar en la puerta y colocar sillas. Llegó al trabajo tras dejar su currículum en Personal y preguntar si necesitaban gente.

Su compañera Josefa Astray, también testigo el l unes, fue candidata a compromisaria en el congreso del PP por Ourense, proclive a Baltar hijo. En su caso empezó a nómina de la Diputación en 2005. Antes del contrato investigado tuvo tres o cuatro. En el Centro Cultural debía velar por que la gente no tocase objetos expuestos y hacía recados. Astray, sin trabajo en la actualidad, dijo ante el juez que hizo exámenes para estar en la lista de contratados y que la llamaban cuando se necesitaba personal. También que sus compañeras la avisaban. En 2010 se comunicaron con ella pero no identificó quién.