El fiscal presenta querella contra José Luis Baltar por prevaricación en la contratación de personal

El escrito de acusación del fiscal jefe, Florentino Delgado, fue registrado en el Decanato de los Juzgados de Ourense el pasado 28 de diciembre, según confirmaron fuentes judiciales a FARO, y está a a la espera de que se asigne juzgado que será el encargado de la instrucción correspondiente sobre el delito que se le imputan al exbarón popular.

El delito continuado de prevaricación, como recoge el artículo 404 del Código Penal, concreta que "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".

En la denuncia que presentaron en la Fiscalía Provincial, los socialistas detallaban los 115 contratos realizados en las semanas previas al congreso provincial del PP, que no hizo más que consolidar el relevo de José Luis Baltar por su hijo, José Manuel, al frente del PP en la provincia de Ourense. El PSOE sostenía que esas contrataciones se firmaron para contar con los apoyos necesario en el cónclave popular, y de esa forma consumar el legado de padre a hijo, y mantener el baltarismo.

Pero unos meses más tarde, en febrero del año 2011, los socialistas ampliaron su denuncia sobre la política de contratación de personal realizada por el entonces presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar , y aportaron ante el fiscal jefe información sobre otros 76 procesos de contratación en marcha. Según los cálculos del PSOE, en la institución provincial trabajaban más de 300 personas -de una plantilla que no llega al millar- que tienen algún tipo de vinculación con el Partido Popular, o bien de manera directa o bien por ser familiares de cargos de esa organización.

Los socialistas, en la denuncia que presentaron, veían indicios de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos en la política de "enchufismo" que había en el ente provincial.

Y advertían que un total de 542 personas habían sido dadas de alta, "con opacidad", desde el periodo congresual hasta el momento en que José Manuel Baltar debía afrontar sus primeras elecciones, las municipales de 2011, como máximo responsable del partido tras suceder en el cargo a su padre.

Durante la investigación que llevó a cabo la Fiscalía fueron muchas las personas que prestaron declaración, como el secretario provincial del PSdeG, Raúl Fernández -el 16 de noviembre de 2010-, en la que no hizo más que ratificar la postura socialista cinco meses después de que hicieran llegar al Ministerio Público un escrito que vincula el resultado del congreso en el que José Luis Baltar fue sucedido por su hijo con la política de personal de la Diputación regida por el barón.

También lo hicieron miembros de la denominada comisión de control y seguimiento de contratación que tenía la propia diputación, y de la que formaban parte algunos funcionarios del ente provincial.

Raúl Fernández, después de prestar declaración ante el fiscal jefe que asumió la investigación de las presuntas irregularidades; denunciaba que: "Estamos hablando de la contratación de 115 personas en pleno invierno, que no parece la época más adecuada por la necesidad de personas; pero en la que tiene lugar la celebración de un congreso", en alusión al que celebraron los populares.

Por su parte, José Luis Baltar aseguraba en esos momentos -después de la denuncia de los socialistas en la Fiscalía- estar "muy tranquilo", y decía estar seguro de "ha pinchado en hueso". Además de advertir que "el problema no es ir a denunciar al juzgado, el problema es mantener la acusación y aportar pruebas. Vamos a ver cómo se defiende en ese tema", sentenciaba.