"Los efectos van a ser claros en pocos días. Machacan a la ciudadanía". Es la voz del decano del Colegio de Abogados de Ourense, Arturo González, un colectivo rebelado desde el principio contra una ley que ya es realidad. El "tasazo" judicial que ha sacado a la calle durante semanas a los profesionales de la justicia enseñará sus fauces verdaderas mañana. El tributo que encarecerá la administración de justicia -se imponen de 100 a 1.200 euros para pleitear y recurrir, honorarios aparte, y un 0,5% añadido por el importe que se demanda- entra en vigor el lunes. Doscientos euros por recurrir una multa de 90; 800 por apelar un divorcio que da la razón a otro cónyuge; varios miles si se suman tasas entre una a otra instancia y el tipo variable según cuánto se reclame.

Los abogados de Ourense alertaron de que las tasas fijarían una criba en función de los recursos cercenando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Sus protestas y consignas han ido en escalada desde que a mediados de octubre se levantaron contra la medida una asamblea. El Colegio prolongará la lucha contra la reforma más impopular de Gallardón. Lo detalla el decano: "Trataremos de evitar que entre en vigor. Vamos a ver si algún tribunal establece la suspensión como medida cautelar. Agotaremos todas las vías porque la orden publicada hoy (por ayer) es la orden de una ley inconstitucional". El Colegio de Abogados de Ourense recurrirá la disposición ministerial por vía contencioso-administrativa pidiendo la suspensión.

Casi un mes más tarde de que se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la controvertida ley de tasas, que el PP impulsó por el trámite de urgencia y solo con sus votos, el requisito imprescindible para la implantación del copago se cumplió ayer al publicarse la orden ministerial que posibilita el "tasazo". Un anexo incluye el impreso -solo disponible en la web de la Agencia Tributaria- que, una vez hecho el pago en el banco, los litigantes deberán adjuntar a todo escrito para que sus pretensiones se admitan.

Según datos del TSXG y cifras de registro del Decanato cruzados por FARO, el copago habría costado a los ourensanos 1,4 millones en un año -tomando 2011 como referencia- en los principales pleitos civiles y contenciosos (845.000 euros), y en los recursos a la sala Civil de la Audiencia (575.000).

De las estimaciones se restarían importes por la asistencia gratuita, un servicio cuya sostenibilidad garantizarán las tasas, afirma Gallardón. Arturo González cree que la inminente reforma del turno "será la de arena". En 2011, 1.552 ourensanos recibieron defensa gratuita en ámbitos que se encarecerán con las tasas. La mayoría de los ciudadanos con letrado de oficio son detenidos o están inmersos en un proceso penal, jurisdicción en la que no se aplicará el tributo.