"Con tantos recortes nos quedaremos en calzoncillos y bragas". El clima envilecido entre el Gobierno y todos los operadores jurídicos sin excepción, soliviantados con una cascada de reformas sin consenso, no decae, y no lo hará según anticipan los representantes en Ourense de jueces y abogados, dos de los colectivos más beligerantes con la agenda legislativa del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Hermanados en una causa común frente al ministerio, ayer el edificio judicial de Ourense se paralizó cuando el reloj llegó al mediodía.

Los juicios en marcha se suspendieron, el Pazo se quedó vacío. A las 12 del 12-12-2012, la crítica fue unánime. Trescientas personas de todas las escalas de la administración de justicia -jueces, fiscales, letrados, procuradores y funcionarios- encadenaron pancartas y sumaron reivindicaciones genéricas y particulares en la protesta común secundada en la ciudad al igual que en el resto de España. "Sen Xustiza non hai Dereitos", resumió la pancarta que encabezó la concentración seguida de un recorrido por la plaza Concepción Arenal y un corte de tráfico posterior en la Rúa Progreso.

Colectivos como los abogados permanecerán en pie de guerra. Lideraron la oposición a la ley de tasas que encarecerá la presentación de demandas y recursos de apelación impidiendo, advierten, el acceso a la justicia de una mayoría ciudadana, cercenando un derecho fundamental. El Colegio recurrirá en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de pago de las tasas, una controvertida ley que está en vigor pero no puede ser aplicada por la falta del impreso para poder abonar el gravamen -500 euros para apelar un despido, 800 por un recurso civil o contencioso- ante Hacienda.

"Tasas sí, pero rotundamente no en la forma en que se han hecho", asegura el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado. Los fiscales coinciden con los jueces en la oposición a las reforma del Poder Judicial. El Congreso ya ha aprobado con los votos del PP la limitación de las sustituciones, de modo que un juez titular al frente de una sede con trabajo acumulada -la sobrecarga es proverbial en la justicia- tenga que cubrir las bajas de sus compañeros, retrasando más el ritmo del sistema.

Las manifestaciones del ministro Gallardón antes de la protesta de ayer, calificando el pulso de los operadores como una reacción a la pérdida de días de asuntos propios (pasan de 18 a 12) la paga extra, enardecieron a varios de los presentes ayer en la concentración de Ourense.

"Intenta intoxicar a la opinión pública. Aquí no se trata de corporativismo, sino de defender los derechos de los ciudadanos. Ellos van a ser los que paguen estas tasas", censuró Arturo González, decano de los abogados ourensanos antes de confirmar que las movilizaciones y protestas continuarán. "Utilizaremos todas las armas del Estado de Derecho para que no se haga efectivo este atraco a los ciudadanos", anticipó. Los letrados han compartido un modelo de formulario para poder impugnar caso a caso, si el cliente así lo decide, una vez entre en vigor el copago judicial.

El fiscal jefe, el máximo representante en la provincia de una carrera jerárquica que en último caso depende del Gobierno, también reprueba las medidas del ministerio. "No se trata de defender intereses particulares, sino una mejor calidad de la justicia, que se ve resentida con las reformas porque tienen deficiencias que afectan a derechos fundamentales". Quedarse sin la paga extra, afirmó, se daría por bueno si "los ajustes sirvieran para salir de esta situación" y "si acompañara una reforma que no afectase de la manera en que lo está haciendo al servicio público de justicia".

Hoy se desplaza al Senado Antonio Piña, juez decano de Ourense y representante de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Los colectivos de fiscales y jueces, que ya no consideran interlocutor válido a Gallardón, instarán hoy una negociación de las reformas. Si prospera el criterio unilateral del ministro, advierten de que en enero habrá huelga de magistrados. El paso previo se repite. La última semana de este mes los magistrados de Ourense volverán a no celebrar juicios y a limitarse al trabajo de despacho. "El ministro lo único que hace es descalificar. No vemos más camino que el enfrentamiento si no negocian", admitió Antonio Piña.