El casco histórico de la ciudad, especialmente la zona sur, es donde se acumula el mayor número de inmuebles con la declaración de ruina, en torno a los 50, aunque la cifra se ve incrementada de forma sensible si el ámbito se amplia a todo el término municipal de Ourense. Los expedientes de declaración de ruina se incrementaron, aunque por parte del Concello de Ourense se apuesta por realizar labores de mantenimiento y rehabilitación.

La situación en la que se pueden encontrar un buen número de inmuebles con más de cien años de vida, y que deben pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) antes del 31 de diciembre, como así lo establece la ordenanza municipal, llevó consigo que el grupo municipal del PP advierta al gobierno socialistas que "luego, de poco vale lamentarse", en alusión clara a que se realice un esfuerzo en todo lo relacionado con las notificaciones a los propietarios.

Y ante los argumentos que esgrimió la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, sobre la "imposibilidad" de llegar a los más de 3.500 propietarios, así como a su coste económico, el portavoz popular, Rosendo Fernández, dijo no compartir esos argumentos, ya que el gobierno, y sobre todo el alcalde, Agustín Fernández, se "pavonean" de que no hay problemas económicos en el Concello.

Además de calificar de "preocupante" que según los datos que maneja el Ayuntamiento solo el 15% de los edificios cuenten con el correspondiente informe de inspección, el PP reclamará información sobre la situación actual y sobre los pasos que se siguieron. Aseguran asimismo que "seremos tajantes" en todo lo que se refiere a la seguridad de estos edificios, y señala al Concello como el "garante" de "prevenir para después no lamentar", en alusión al derrumbe de un edificio en la ciudad que le costó la vida a una persona.

A este respecto, y para aclarar algunas cuestiones, el jefe de servicio de la oficina de rehabilitación de Vivienda y Peris, José Manuel Oliver, explicó que los inmuebles con declaración de ruina o expedientes abiertos, la mayoría en la zona sur del casco histórico, en las calles Libertad, Pelayo, Villar y Saco y Arce, no tienen que pasar la inspección. Y que de los informes no suele reflejar riesgo de ruina.

En este sentido, además de explicar que la inspección es un instrumento que permite "saber mucho sobre el estado del edificio", y máxime en estos que ya tienen más de cien años, advierte que se trata de un "informe de parte -que encarga el propietario a un técnico- y que en algunas ocasiones se puede dar el caso de que no se ciña a la realidad", una "picaresca" que ya se detectó, pero reconoce que "no es lo habitual".

Desde el Concello aclaran que cuando se procede a la declaración de ruina de un edificio, se le notifica al propietario para que presente un proyecto de rehabilitación en un plazo de 3 meses, y luego se procede a su ejecución. En el caso de que el propietario no lo haga, el Concello impondrá multas coercitivas, y de forma subsidiaria procederá a demoler. Si en el solar no hay actuación alguna, al pasar 2 años, el Concello puede actuar en tres direcciones: expropiar, proceder a rehabilitar de forma directa o bien a través de un tercero pero bajo su supervisión.

En el caso de la ITE, Oliver recalca que la "responsabilidad" de realizar el informe y entregarlo en el Concello es de los propietarios, aunque igual que subrayó la edil de Urbanismo, las dificultades surgen en las notificaciones, ya que en algunos casos resulta complicado dar con los titulares y en otros esas notificaciones no se recogen.

Sobre esta cuestión, Democracia Ourensana critica la postura del gobierno municipal, y recuerda que presentaron una alegación a la modificación de este documento solicitando que las notificaciones fuesen a través de correo certificado y no por una publicación en un medio de comunicación local, en el Boletín Oficial de la Provincia o en el tablón de anuncios de la Concejalía de Urbanismo, ya que de esa forma se iba "en contra de los intereses de los ciudadanos", pues el incumplimiento conlleva una sanción.

Destacan que la mayoría de las edificaciones ruinosas se encuentran en el medio rural o en el casco histórico de la ciudad y sus propietarios son gente de edad avanzada. De ahí la necesidad de tomar esas medidas en la notificación