El proyecto de ley de Tasas Judiciales que promueve el Ministerio de Justicia y que tras su aprobación en el Congreso de los Diputados está pendiente de entrar en vigor ha sacado a la calle a los abogados y procuradores de toda Galicia en una convocatoria conjunta del Consello da Avogacía Galega que en Ourense ha logrado la implicación de unos 300 profesionales del Derecho.

El presidente del Colegio de Abogados de Ourense, Arturo Fernández, alertó de que la ley que impulsa el ministro Alberto Ruiz Gallardón supone un "ataque frontal" al derecho de todos los ciudadanos a acceder en igualdad a la justicia, ya que no solo revisa las tasas vigentes sino que las aplica a las personas físicas, lo que puede provocar un "conflicto social". Fernández afirmó que, si no se deroga, muchos ciudadanos se enfrentarán a una "barrera inquebrantable" que les impedirá acudir a los tribunales.

De hecho, González asegura que, entre un 30 y 40 por ciento de los asuntos que llegan a los juzgados dejarán de recibirse porque muchas personas no podrán soportarlo económicamente. A modo de ejemplo se refirió a los 800 euros que le costará a un trabajador recurrir una sentencia laboral desfavorable o los 200 euros que costará recurrir una multa de 100.

"Se puede afirmar claramente que asistimos a la deconstrucción del Estado de Derecho porque con esta imposición de tasas no todos seremos iguales ante la ley", explicó Arturo González en una comparecencia pública previa a la manifestación que se celebró a las puertas del Palacio de Justicia. El presidente del Colegio de Abogados ourensano auguró que España "se convertirá en un paraíso de morosos" porque defender un asunto en los tribunales será "solo para los ricos" y algunas reclamaciones "ya no se llevarán al juzgado porque no compensará económicamente".

Así, encabezados por una pancarta con el lema "en defensa de la ciudadanía" y de rechazo a la imposición y subida de tasas judiciales, los concentrados, la mayoría abogados vestidos con su toga y condecoraciones, rodearon la rotonda de Concepción Arenal para llamar la atención de lo que consideran "uno de los mayores atentados a la justicia desde la instauración de la democracia".

Se oponen "total y absolutamente" a una subida de tasas que consideran "discriminatoria". Los importes fijados por el proyecto de ley oscilan entre los 150 a los 1.200 euros.

En el caso de Ourense, los abogados y procuradores contaron con el apoyo del decano de los jueces, Antonio Piña, que participó en la concentración frente al edificio, y también del fiscal jefe de la Audiencia, Florentino Delgado, que hizo acto de presencia durante unos minutos. También se reconocieron entre los concentrados rostros socialistas como la diputada Laura Seara y la secretaria provincial de Organización del PSdG, María Quintas.

Arturo González afirmó ayer que la ley de tasas de Gallardón supone un "copago" judicial similar al sanitario porque la justicia es un "servicio público" que los ciudadanos "sostienen con sus impuestos". Imponer una tasa a todos aquellos que quieran hacer uso ella para defender sus intereses supone que "estarán pagando doblemente, haciendo un repago", sostiene.

El proyecto de ley ha puesto en pie de guera a los profesionales del Derecho de todo el país. En Ourense, volverán a concentrarse el lunes a las 12 horas frente al Palacio de Justicia.