La concejala de Democracia Ourensana (DO), Susana Gómez, calificó ayer de "preocupantes" las revelaciones de la edil de Urbanismo, Áurea Soto, en el sentido de que solo el 10% de los propietarios de inmuebles con más de un siglo, de los 5.000 que tiene el municipio de Ourense, realizasen la inspección Técnica de Edificios (ITE), como así lo recoge la Ordenanza Municipal. Y asevera que son "vergonzosas", y considera que la hoja de ruta que se anunció en su momento no es más que "palabrería barata para engañar a los ciudadanos".

Todo se debe a que Áurea Soto explicó a FARO que las notificaciones a los propietarios se convierten en el principal problema, ante la imposibilidad del Concello de poder hacer frente a ese operativo por no disponer de personal, y que se ve agravado debido a que la mayoría de estas viviendas se encuentra en la zona rural.

Ante esta situación, Susana Gómez aseguró que admitiendo que las notificaciones son el principal problema, recuerda que la concejala de Urbanismo tuvo la "desfachatez" de rechazar una enmienda que presentó DO a la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Inspección Técnica de Edificios en el mes de noviembre.

En dicha iniciativa, y a la vista de lo que reflejaba el informe jurídico que dejaba constancia de que la mayoría de las edificaciones tenían propietarios de avanzada edad, a DO le "parecía insuficiente" que la información de la obligatoriedad de pasar la inspección estuviese solo en la web del concello y en el tablón de anuncios de la Concejalía de Urbanismo.

Es por eso que Susana Gómez propuso que a mayores se notificase por correo certificado a los propietarios, que fue rechazado por el bipartito, al argumentar Áurea Soto que "no tenía personal para hacerlo ni dinero para notificar a más de 4.000 personas". Pero por el planteamiento de la edil de Urbanismo, parece que "si lo tendrá para sancionar a casi el mismo número de propietarios", ya que de no cumplir con la inspección el 31 de diciembre, se procederá a la apertura de expedientes sancionadoras y la imposición de multas coercitivas.

A este respecto, por parte de DO se señala que las multas por infracción urbanística oscilan entre los 600 y 6.000 euros, llevan a pensar que la intención del gobierno bipartito es la de recaudar "en época de bajos ingresos".

Propietarios de fincas urbanas plantearon un convenio al concello

La situación también preocupa a la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Ourense, como así lo reveló su asesora legal, Lucila Vázquez Gulias, que advierte de la necesidad de tomar una decisión al respecto, sobre todo después de que la propia concejala de Urbanismo reconociese que solo el 10% de las viviendas que tiene obligación de pasar la Inspección Técnica de Edificios la realizase.

Y así señala que en su momento, por parte de la asociación se le planteó al Concello de Ourense un convenio en materia de notificación a los propietarios de esos edificios que fueron construidos hace más de un siglo, y de esa forma evitar sanciones y otro tipo de "problemas" que podrían derivar de la situación de las propias viviendas.

"De lo que se trata es de dar soluciones a un problema", recalca Lucila Vázquez, que reitera la disposición de la asociación a colaborar en esa tarea de informar y que, aunque quedan tres meses para que se cumpla el plazo que establece la ordenanza, se pueda comunicar a los propietario la obligación que tienen de realizar esa inspección. Así se lo piensa trasladar a la propia concejala de Urbanismo, áurea Soto, en una reunión que tienen previsto celebrar.