La Fiscalía Anticorrupción no ha abierto diligencias para investigar, como entre otros solicitó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la veracidad de las graves acusaciones de presunta corrupción contra José Luis Baltar Pumar, el veterano expresidente de la Diputación de Ourense que durante su dilatada carrera, según una denuncia sin remite con documentación adjunta, cimentó un fuerte poder político e institucional a base de nepotismo, aumento de patrimonio personal e irregularidades rodeado de otros cargos del PP más afín que también fueron puestos en la picota. El propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se encargó ayer de disipar todas las dudas. Los dossiers remitidos, de forma anónima, al departamento especializado de la Fiscalía para airear la presunta corrupción de la familia Baltar han sido archivados solo una semana más tarde de que trascendiera la noticia. La denuncia contra el último barón del PP gallego no prospera "por carencia de precisión", tal y como aseveró ayer en A Coruña el responsable máximo de la carrera fiscal.
En un acto con las dos máximas autoridades judiciales de la comunidad, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, y el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, –los dos ourensanos–, Eduardo Torres-Dulce confirmó el archivo de la denuncia anónima que puso bajo sospecha la política de contrataciones de la Diputación, el supuesto intercambio de empleos por votos e incluso coches, así como la validez del congreso del PP de Ourense de 2010 donde José Manuel Baltar confirmó la primera de las dos herencias de poder. Desde el entorno del alcalde de Verín, el rival designado y auspiciado por el PPdeG, abundaron las denuncias contra la pulcritud del cónclave. Del mismo lado dentro del partido provino, según todas las miradas, la denuncia que ha naufragado nada más llegar a Fiscalía Anticorrupción.
"Se han recibido dos denuncias, una anónima y otra en la que prácticamente se reproducían los mismos hechos que en su momento ya se enviaron la Fiscalía de Ourense; no aportó nada nuevo", declaró el fiscal general del Estado. Sorprendido por la prensa en Santiago el mismo día que trascendió la denuncia, el expresidente José Luis Baltar salió al paso con un tono amenazador. "Que tiren duro, nos veremos. El que ríe al final ríe dos veces", espetó. Las espadas en alto y alusiones claras contra l alínea PPdeG siguieron con alusiones de buscar culpables y dirimir responsabilidades.
Se investigan los "enchufes"
La delegación provincial del ministerio público es la única instancia judicial que, tras el archivo decretado en Madrid, mantiene abierta diligencias por presuntas irregularidades en el Pazo Provincial. Cargos relevantes de la administración han pasado por la quinta planta varias veces desde que el primer escrito de denuncia elaborado por el PSOE llegó al ministerio público.
Los socialistas, que aseguran haber detectado hasta 4 familias con una veintena de miembros con trabajo en la Diputación, adjuntaron, en dos tandas, unos doscientos contratos de personas afines al PP, "enchufados" cuyos contratos se generalizaron presuntamente sin el aval de Intervención desde finales de 2009 y hasta la celebración del congreso de los populares. El PSOE cifró en 12 millones el coste que la Diputación dedicaba a pagar las nóminas de personal afín. Los socialistas apreciaron indicios de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos en la política de "enchufados" del ente provincial. Calcularon que 542 personas fueron dadas de alta, "de forma discrecional", desde el periodo congresual hasta justo antes de las elecciones de 2011, el primer examen que tuvo que superar Baltar hijo.
Las diligencias se iniciaron a finales de 2010 y no han dado resultado. Entonces, Anticorrupción también recibió la documentación del PSOE pero se inhibió en favor del fiscal provincial. Más acusaciones pusieron en cuestión la política de contrataciones de José Luis Baltar.
El caso de un supuesto agente electoral que recabó voto emigrante en Argentina para el PP en la antesala de las municipales de 2007, cobrando nómina y dietas de la administración, terminó en el archivo. El fiscal vio indicios de delito pero consideró la presunta malversación prescrita. El exsenador Agustín Vega también presentó una denuncia de la que nada se sabe. En su caso habló del cobro "irregular" de dietas de cuatro exsenadores del PP, incluido el propio exbarón del que Anticorrupción ha desviado el foco.
