José Luis Baltar conquistó a la búlgara –813 votos de 820 posibles, sin oposición– el congreso del Partido Popular de Ourense de abril de 2002, "el de la tranquilidad", esas fueron sus palabras. Todos los flashes disparaban a protagonistas de altura como el expresidente Manuel Fraga y el por aquel entonces vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy; pocas miradas se detenían más allá del escenario. El cónclave que revalidó el control férreo del aparato del partido bajo la batuta de Baltar, con su hijo y heredero afianzado en la estructura orgánica, tiene historia entre bambalinas. Una empresa ligada a la presunta trama de corrupción Gürtel –con el exsecretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, como número dos– organizó el congreso tras contactar con el partido. La firma "Special Events", gerenciada por Álvaro Pérez, El Bigotes, presentó un presupuesto de 72.000 euros para hacerse cargo del acto, tal y como adelantó El País. En un procedimiento civil que ayer llegó a juicio, Emilio Pascual, exgerente del PP de Ourense, reconoció la existencia de dicho contrato, según fuentes jurídicas, aunque también asegura que ni él ni el partido pagaron la organización del cónclave.

José Luis Baltar, en su retiro del primer plano tras legar la Diputación Provincial a su hijo, no ha sido llamado a declarar en esta causa para aclarar los entresijos del contrato, aunque fuentes del partido ratifican "que nada podía hacerse sin su visto bueno". En la demanda, Emilio Pascual reclama una indemnización de 30.000 euros contra un periodista y lo que queda del desaparecido periódico Xornal de Galicia, el diario que reveló los contactos de la trama con el PP en Galicia, entre ellos Pascual, causando, según el exgerente del partido en Ourense, un perjuicio a su imagen y la impresión de que también participaba en los ilícitos de la trama. Pascual no ha declarado ni como testigo ni como imputado, según fuentes de la Fiscalía que citan la información remitida por el juzgado que instruye la trama.

Los demandados –ayer comparecieron el autor de la información y un representante legal de la sociedad editora del periódico desaparecido– se acogen al derecho a la información y defienden que la publicación fue veraz, con opiniones contrastadas. El ministerio fiscal se inclina por este último argumento y ayer en el juicio rechazó actuar, al no apreciar vulneraciones del derecho al honor en las informaciones que incomodaron al exgerente del PP de Ourense.

Tras la publicación de las supuestas conexiones de la trama en Galicia, el expresidente Baltar rechazó categóricamente cualquier relación del partido –en manos de su hijo desde el cónclave provincial de enero de 2010– con los hombres de Francisco Correa, el supuesto cabecilla de la organización corrupta. "La Diputación no tiene contratos con empresas de la trama Gürtel", aseguró el último barón del PP en una información de FARO de octubre de 2009. "Las cuentas del PP están auditadas y no tenemos ninguna preocupación. Tranquilidad absoluta. A mí no me preocupa absolutamente nada", insistía entonces el expresidente provincial ourensano.