La secretaria de Organización del PSdG en Ourense, María Quintas, considera que la condición procesal de "acusado" que acompaña al delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez, desde finales de marzo, es motivo suficiente para que el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo ordene el "cese fulminante" del máximo representante del gobierno autonómico en Ourense o le pida a este que presente su dimisión.
El no hacerlo aprovechando el efecto Conde Roa, apunta Quintas, es una prueba más del "desprecio" del líder de los populares gallegos hacia esta provincia, patente desde hace tres años, "manteniendo en el cargo a su delegado territorial" acusado de malversación de fondos públicos y falsedad documental.
María Quintas recordó que Rogelio Martínez pasó de "imputado a acusado" a partir de que la Audiencia Provincial dictó con fecha del 29 de febrero de 2012 el auto que ordena al Juzgado de Ribadavia a reabrir la causa contra Martínez archivada previamente por prescripción de los delitos que se le imputaban. "La Audiencia no solo señala que no hay nada prescrito, sino que dicta un auto firme, sin posibilidad de recurso, que ordena procesar a Rogelio Martínez dada la relevancia de los hechos". En base a esta orden de la instancia superior, el Juzgado de Ribadavia resolvió el pasado 28 de marzo reconocer dos de los tres delitos que se le imputaban inicialmente (queda fuera el fraude en subvenciones comunitarias) y decide tramitar el procesamiento del delegado territorial por la Ley del Jurado. El PSOE ha presentado un recurso solicitando que se incorpore el delito de fraude al considerar que "hay indicios claros de responsabilidad" para que sea un tribunal profesional el que juzgue a Martínez.
El delegado de la Xunta ha llegado a esta situación a partir de una denuncia del BNG de Arnoia en la que se le acusaba, como presidente del grupo de acción local Ceivam, de certificar obras subvencionadas con fondos comunitarios que no existían. "Todos recuerdan la foto del galpón que quiso hacer pasar por una central de biomasa y en la que no entraba ni un furgón", indicó Quintas.
La secretaria de Organización considera de "gran relevancia" la situación procesal de Martínez, que se enfrentaría a un mínimo de seis años de prisión: "Por la malversación con el requisito de ánimo de lucro, el Código Penal prevé penas de cárcel de tres a seis años, y por el de falsedad, de dos a seis", además multas severas y de la inhabilitación absoluta, que podría ascender a 10 años, lo que equivale a la "muerte civil", en palabras de la socialista María Quintas.
Quintas: "Lleva 6 años dilatando el proceso con vericuetos legales"
La socialista María Quintas acusó ayer al delegado territorial, Rogelio Martínez, de llevar seis años "intentando dilatar su procesamiento, con vericuetos legales amparándose en la prescripción". Sin embargo, añadió, "no dejó de reconocer estos presuntos delitos". Lamentó por ello que a pesar de que los hechos y las declaraciones de implicados "revelan que presuntamente hubo delito", los procesos "arrastran más de seis años".
En todo caso, la imputación formal de Rogelio Martínez, recuerda Quintas, "se produjo en 2008", pero no ha sido hasta ahora, con un auto judicial firmado por tres magistrados "que razona de forma motivada los hechos delictivos", que la situación del delegado adquiere condición de "acusado".
El PSOE cree "sorprendente" que el Juzgado de Ribadavia no incluya el delito de fraude "para nosotros muy documentado".
"No hay nada formal"
El entorno del delegado territorial, manifestó ayer su malestar por la comparecencia de María Quintas y la petición de cese fulminante del cargo público, ya que apuntan que, a fecha de hoy, "no hay ninguna imputación judicial formal" contra Rogelio Martínez por los delitos de malversación y falsedad documental.
