La Xunta mide la toxicidad del suelo en la finca con residuos tras seis inspecciones en un mes

J.F. - OURENSE Las directivas europeas y la normativa autonómica establecen que quien contamina paga. La Xunta de Galicia tramita un expediente sancionador que podría acarrear una multa económica elevada a la empresa Industrias Químicas Gallegas S.A., tras el hallazgo de toneladas de residuos y desechos potencialmente tóxicos en un vertedero bajo tierra de una finca próxima a las instalaciones de la industria en el polígono Barreiros de San Cibrao das Viñas. Los técnicos de Medio Ambiente practicaron, en apenas un mes, desde el 5 de enero hasta el pasado 1 de febrero, un total de seis inspecciones presenciales. Junto con efectivos del servicio de la naturaleza Seprona de la Guardia Civil, levantaron acta y recogieron muestras para calibrar el daño medioambiental causado por el vertido de bidones, botes de pinturas y otros compuestos con poder químico. La fosa que albergaba el vertedero incontrolado es ahora un socavón a cielo abierto pero sin residuos, después de que una gestora autorizada se encargara del traslado de los residuos a una planta para que sean convenientemente tratados.
Según las fuentes consultadas, la Xunta estudiará la multa a la que tendría que hacer frente la empresa de San Cibrao en función del resultado de las pruebas analíticas remitidas al laboratorio, ya que la administración autonómica asume la potestad sancionadora ante agresiones medioambientales del suelo. Los técnicos autonómicos recogieron muestras de la finca con residuos de la empresa, en varios puntos, para medir la toxicidad y comparar los niveles con los parámetros normales. Además, la Guardia Civil espera el resultado de la analítica para cerrar el atestado y decidir posibles imputaciones penales por un delito contra el medio que denunció en noviembre pasado un trabajador despedido.
Pero los vertidos soterrados podrían haber contaminado el recurso hídrico ya que la fosa tocaba agua, alimentando el temor a filtraciones tóxicas al Barbaña. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha realizado analíticas y espera resultados para decidir, al igual que la Xunta, si abre un expediente de multa a la empresa.