V. R. - OURENSE
Una petición clara que lleva consigo actuaciones concretas para depurar las posibles irregularidades cometidas en todo el proceso seguido en las obras realizadas en la calle Bedoya, y que tuvieron un coste de 593.000 euros al Concello de Ourense. El funcionario Javier Gago pide, a través de una escrito, al alcalde, Francisco Rodríguez, que compruebe todos los datos que aporta, y que se convierten en el principal argumento de denuncia, que llevaría consigo incoar un expediente disciplinario a los funcionarios que informaron favorablemente la contratación, así como crear una comisión informativa especial para que dictamine. Y también trasladarlo a la Fiscalía por si fueran constitutivos de delito.
En su argumento, el funcionario señala que en octubre de 2008 se adjudicaron estas obras por procedimiento negociado sin publicidad, –adjudicación directa– y ello a "pesar de que las obras ya estaban iniciadas antes de ser ejecutadas". La conclusión dice que es clara: "La decisión de adjudicar estaba tomada de antemano".
Pero la actuación más grave es que dicho contrato debería haberse adjudicado como procedimiento abierto, restringido o negociado con publicidad, ya que según plasman en su escrito el ordenamiento jurídico prohíbe que se pueda hacer por el procedimiento negociado sin publicidad, en el que "el órgano de contratación –gobierno bipartito– adjudica a la empresa-contratista discrecionalmente", así como la cuantía que supera los 200.000 euros.
Pero para el funcionario, la gravedad de los hechos aumenta cuando se toma en consideración que uno de los directivos de la empresa adjudicataria "ocupa un puesto relevante en la candidatura que el PSOE presentó a las elecciones municipales de 2011". Que"induce a pensar que todo lo actuado en el expediente fue un ardid para conseguir otorgar a la empresa de la cual es directivo un miembro del PSOE con relación directa con el alcalde, un contrato que en condiciones de igualdad con otras empresas previsiblemente no le hubiese sido adjudicado".
"Algo extraño"
Y aunque desconoce si en este caso hubo nota de "reparo" , en la que advierte, como en otros muchos casos, sobre presuntas irregularidades en el proceso. De haberlo y seguir "levantado" a través de un decreto del alcalde, no haría más que confirmar que "algo extraño ha sucedido". De ahí que el objetivo es depurar responsabilidades y dar cuenta a los órganos judiciales.