Las medidas aprobadas por unanimidad por los sindicatos en el Concello de Ourense (USO, CIG, CC OO y UGT) y que forman parte del Plan de Ahorro tienen como finalidad contribuir a la mejora de la economía municipal, ya que inciden directamente en la contención del gasto corriente y de personal y son el exponente claro de esa austeridad a la que de forma reiterada se vienen aludiendo.

Así, la primera de las medidas pasa por el establecimiento de un tope salarial que fijan en 45.000 euros anuales para todo el personal del Concello de Ourense, incluidos los representantes políticos, con lo que eso supone, debido a las remuneraciones económicas que en la actualidad están percibiendo.

La segunda medida se concreta en la de suprimir los puestos políticos de designación directa; es decir, los que no sean electos, y que afectaría directamente a la concejala no electa de Personal, la socialista Carmen Rodríguez, y al director xeral de Rehabilitación, el nacionalista Xosé Carballido, que supondría un ahorro anual de 113.350 euros, incluida la Seguridad Social, a las arcas municipales.

En esa misma línea, los representantes del Concello proponen que se supriman las comisiones de servicios desde otras administraciones y se cierre la posibilidad de cubrir los puestos con personal de fuera del concello.

Y suprimir los contratos de servicios –las conocidas asistencias técnicas–, que en los últimos años se incrementaron sustancialmente, y fueron objeto de denuncia por parte de los sindicatos, además de que muchas de las cuales contaron con los "reparos" que se plasmaron en los informes de la propia Intervención Municipal, que advertían sobre las consecuencias que podía tener para el Concello.

Subvenciones

Dentro del paquete de medidas que incluye la propuesta de plan de ahorro aprobado por los representantes sindicales también destaca la reducción de las subvenciones, empezando por las destinadas a los grupos municipales.

Asimismo se contempla suprimir todos los pagos por asistencia a sesiones de órganos colegiados del Concello y organismos autónomos dependientes o con cargo a los presupuestos de los mismos, con el ahorro que eso supondrá para el Concello.

Dentro de esa tendencia de control y ajuste presupuestario, que lleva consigo el ahorro del denominado gasto improductivo, la propuesta se centra en la limitación del gasto en lo que se refiere a horas extraordinarias, y se muestran más contundentes en lo que se refiere al pago de productividades, al plantear su supresión, debido a que la cuantía fijada y abonada en los últimos años superó los 100.000 euros anuales.

Sobre esta última cuestión, los sindicatos reclaman que por parte de la concejala no electa de Personal se le facilite toda la información que se solicitó en mayo de 2001 en lo concerniente al gasto de horas extraordinarias y productividades, y que a día de hoy desconoce. Esto llevó consigo que por parte de USO se formalizase un denuncia ante el alto tribunal gallego por incumpliendo del acuerdo regulador.