Revelador y con argumentos determinantes. El informe del interventor municipal, relacionado con los "reparos" de facturas de asistencias técnicas del área de Urbanismo, pone de manifiesto la "gravedad" de las consecuencias que este tipo de actuaciones trae consigo, como es la de "transformar a personal contratado en empleados públicos." Una cuestión que analizó el pleno del Tribunal de Contas, y que vendría a avalar dicha aseveración.

Una de las consideraciones que hace el interventor, Gonzalo Alonso, en su informe está directamente ligada con la "supuesta cesión ilegal de trabajadores", debido a que esas personas que realizan las asistencias técnicas realizan sus funciones en las propias dependencias municipales, y sin que aporten medios materiales propios para la ejecución de contratos. A este respecto, funcionarios del Concello confirmaron a FARO que algunas de estas personas llegaron a tener despacho en dependencias de Urbanismo.

Estos hechos llevaron al interventor a señalar una serie de "irregularidades", obviadas por el gobierno bipartito, y en particular por la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, como que se trata de una prestación de servicios "periódica y repetitiva", y sin que quede determinado "de forma precisa su contenido", así como "los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes".

Y alerta de la legalidad del proceso seguido, ya que la facturación presentada a lo largo del último año, "supera los límites legalmente admisibles para una contratación directa" de ese servicio, con lo que se estaría llevando a cabo un actuación que no cumple los parámetros legales que están establecidos.

Personal indefinido

Además, sostiene en su informe que en la "cesión ilegal" de trabajadores a una administración pública –asistencias técnicas y Concello de Ourense– lleva consigo que se apliquen las mismas consecuencias que las previstas para la contratación irregular de trabajadores, y aunque no adquiere la situación de trabajador fijo, si da lugar a la de personal indefinido.

La resultante final para el interventor es clara: "Transformar a contratados en empleados públicos", y para apuntalar lo que considera una "irregularidad", hace referencia a diversas sentencias del Tribunal Supremo en las que se aplicó las mismas consecuencias sobre las alertas del interventor.

Pero la cuestión no queda ahí, y también señala que el Tribunal de Cuentas, asume que este tipo de actuaciones "desembocan en incrementos de plantilla, sin respetar los principios de mérito y capacidad", y es de lo "más improcedente" como forma de seleccionar personal, otorgar el carácter de indefinido a contratados por la vía judicial.

Es por eso que el interventor en su informe destaca "el fraude de ley que se está cometiendo", y recuerda que la propia Ley de contratos del sector público establece expresamente que la extinción de los contratos e servicios, "no podrán producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del ente, organismo y entidad del sector público contratante".

Con estos argumentos que trasladó el interventor al gobierno, desde el grupo municipal del Partido Popular tienen claro que es la estrategia que se sigue para "meter a gente por la puerta de atrás, y convertirlos en funcionarios interinos".

Es por eso que el portavoz popular, Enrique Nóvoa, así como la edil de Democracia Ourensana, Susana Gómez, denuncien que por parte del gobierno "no haga caso a las advertencias de irregularidades" que hace el interventor, y se incrementen la contratación de asistencias técnicas, sobre todo en Urbanismo.

Y rechazan de plano el argumento de las responsable del área, Áurea Soto, en el sentido de que "reporta importante beneficios al Concello", ya que cuestiona el trabajo de los funcionarios municipales.