La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) que constituyó el bipartito en 2008 y está integrada en la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, proclama la decidida voluntad de poner coto a las edificaciones sin licencia o autorización autonómica, o construidas sin legalizar. En Ourense, unas cuarenta edificaciones irregulares están amenazadas por orden de derribo y, concretamente, sobre un edificio de nueva planta sin terminar en Aceredo (Lobios) y una vivienda de Xinzo pesa ya apercibimiento de demolición inmediato. En el primer de los casos, el proyecto de contratación está pendiente de adjudicar por un importe que supera los 80.000 euros.
La acción de la piqueta es inexorable y en el 99% de los casos, según la APLU, la justicia confirma las órdenes de demolición que se decretan, bien como resultado de la actividad de inspección -en 2010 se abrieron 205 expedientes informativos-, bien como resultado de las denuncias presentadas por los propios ciudadanos.
En solo cinco meses, la ejecución de derribos ha echado abajo cuatro chalés, la ampliación de una nave industrial y un almacén que constituían infracciones "muy graves" de la normativa urbanística. Tres de las casas y el galpón ocupaban suelo rústico de protección agropecuaria en el mismo municipio, en San Cibrao das Viñas.
Hace escasos días, las máquinas demolieron una vivienda unifamiliar en Amoeiro que fue erigida sobre suelo rústico de protección agrícola. Un mes antes, se consumaba el derribo de la ampliación realizada en una nave industrial de Verín que, según determinaron las inspecciones, ocupaba zona verde, lo que también constituye una infracción "muy grave" del ordenamiento urbanístico.
Las irregularidades confieren potestad a los inspectores urbanísticos a detener obras en curso que infringen la ley. La APLU se marca como objetivo "el cumplimiento del 100%" de las órdenes de suspensión acordadas, y durante el año pasado un total de 21 construcciones irregulares sin finalizar, quedaron interrumpidas en Ourense tras constatarse irregularidades normativas. En toda Galicia, por término medio, los inspectores mandan parar obras una vez cada tres días.
La agencia amplía su abanico de competencias más allá de la potestad de reponer la legalidad en las distintos escenarios de construcción ilegal. Sancionar y conminar a actuar a través de multas forma parte de las funciones que desempeña.
La APLU recauda cerca de un millón de euros al año con la imposición de sanciones por infracciones graves y muy graves, así como mediante multas coercitivas. El cumplimiento de órdenes de derribo admite una demora máxima de un año. A partir de ahí, la agencia lleva a cabo el derribo cargando subsidiariamente el proyecto al infractor. Cada retraso tras el plazo voluntario de demolición, activa la imposición de multas coercitivas, que se reiteran cada tres meses. El año pasado, Urbanismo ingresó 310.600 euros en este concepto para instar a derribar obras ilegales; y casi 900.000 desde la constitución de la agencia. La mayor parte de la recaudación se obtiene a través de las sanciones que penalizan irregularidades urbanísticas de alcance que desprecian la ordenación del suelo. El año pasado s iniciaron tres expedientes de sanción y culminaron seis, con unos ingresos de 569.000 euros. La agencia ha obtenido 1,91 millones desde 2008.
