La Confederación Intersindical Galega (CIG), la Federación Rural Galega (FRUGA), la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) y la Organización Galega de Montes Veciñais en Man Común (ORGACCMM) expusieron ayer por la mañana una serie de alegaciones al borrador de la Lei de Montes de Galicia, de la Xunta, presentado el pasado mes de junio en la ciudad de Ourense. Entre ellas, destacó la relativa a la reducción de distancias de seguridad ante incendios. Xosé Alfredo Pereira (ORGACCMM) afirmó que la ley "sigue la línea de destrucción del rural".

En defensa del monte

Los representantes de estas cuatro organizaciones justificaron su presencia y la presentación de sus alegaciones afirmando que "tenemos que salir en defensa del monte gallego".

Anxo Pérez Carballo, de la CIG, manifestó que se trata de "una ley escrita con absoluta urgencia, en pleno verano", para la que solo dejaron "20 días justos para presentar alegaciones", y recordó las palabras de Samuel Juárez, consejero de Medio Rural, quien dijo que el rural "no tenía solución", y que está"condenado a desaparecer".

Con respecto al tema de incendios, muy presentes en la provincia de Ourense en estas últimas semanas, expuso que se trata de un proyecto de ley que "se dedica, más que a hacer cumplir la ley de incendios que hay, a amputarla, es decir, a recortar aquellas cosas buenas que esa ley hizo. No apuesta por cumplir el tema de las distancias de seguridad", sobre las que explicó que "se dedicó a reducirlas de forma drástica, por lo que vuelve a poner en peligro las viviendas de las personas".

Es una ley, explica, "que desde el punto de vista laboral, no aparecen definidas determinadas figuras fundamentales para la gestión razonable del flujo del monte como son los agentes forestales, o mismo la figura de un distrito forestal", y por el contrario "la Xunta desmantela las brigadas de investigación de incendios, que sí realmente eran efectivas para tener la gente necesaria".

Además, declaró que desconocía qué se pretende con esta ley: "No sabemos si efectivamente detrás de esta indefinición se esconde una nueva pretensión de desmantelamiento de servicios públicos esenciales de la gestión forestal".

Desde la CIG, con sus alegaciones, formulan dos propuestas: "creación de una marca gallega de calidad, que deje valor a nuestra riqueza forestal, y cumplimiento de los protocolos de Kyoto en cuanto a cuantificar nuestra aportación a la destrucción y la desaparición de los gases del efecto invernadero".

Por su parte, Xan Carlos, portavoz de ADEGA, expuso que consideran necesario que la ley haga "referencia a la participación pública", recordando que "los conflictos en los montes son causa importante de la provocación de incendios".

En nombre de FRUGA, Xosé Manuel Vila empezó explicando que "esta ley no responde a las necesidades reales de nuestro país", y continuó su intervención resaltando que este proyecto de ley "no integra el tema de la extensificación".

Xosé Alfredo Pereira, de la Organización Galega de Montes Veciñais en Man Común, delcaró que "permite la apropiación indebida de montes vecinales", y por otro lado "dá los primeros pasos para privatizar estas tierras, lo que significa entrar en el tráfico de comercio".