Los tres principales directivos de la empresa Obras Caminos y Asfaltados (OCA S.A.), con sede en Ourense y que centra su actividad en la obra pública y la construcción, en concreto dos consejeros delegados y el director financiero, están imputados como presuntos autores de un delito fiscal y de falsedad documental. Así se sostiene por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la querella criminal admitida a trámite en un juzgado de Ourense, que se encarga de la investigación, y en el que ya prestaron declaración, al igual que lo harán otros imputados.

Por lo investigado hasta el momento, la creación supuestamente de facturas falsas llevaría a que por parte de la empresa constructora "distrajese" una importante cantidad de dinero, en perjuicio de la Hacienda Pública, ya que según los que se concreta en la querella, la cantidad presuntamente defraudadA por la constructora estaría entorno al millón de euros, como se desprende del expediente realizado.

La investigación, según puso saber FARO, partió de la Agencia Tributaria, que después de realizar en su momento una investigación a la empresa OCA S.A., llevó consigo que en el informe posterior del inspector de Hacienda, y antes los datos que había obtenido, se plasmaba una presunta defraudación del impuesto de sociedades de los años 2004 y 2005, así como del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) de 2005.

Con lo que el propio inspector de la Agencia Tributaria, a tenor de las revelaciones de los documentos que manejó, entendía que este tipo de prácticas –la utilización de las supuestas facturas falsas– podrían ser constitutivo de un delito fiscal y de falsedad documental, y que luego derivó en la presentación de una querella en la que se personan como acusación tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía, encargados de la defensa de los intereses públicos.

Modus operandi

En cuanto al modus operandi de los directivos de la empresa, consistiría en la utilización de supuestas facturas falsas, como así se constata en el informe del inspector de la Agencia Tributaria de la delegación de Vigo, que fue la encargada de toda la actuación de inspección realizada y emisión del informe, que le permitían defraudar a la Hacienda Pública al disminuir fraudulentamente las cuotas correspondientes tanto en las que se refieren al impuesto de sociedades como a las del IVA.

Así, se encuentra que una gran empresa de construcción y de obra pública, como es el caso de OCA S.A. , habría procedido al pago por unos trabajos que no estaban realizados, por entender la Agencia Tributaria que la empresa prestadora de esos servicios no contaba con la infraestructura necesaria, tanto en el apartado humano –la falta de empleados–, como en lo material, al menos así se refleja en el informe emitido e incluido en la querella criminal.

Todo ello unido a que el representante de esa empresa-proveedora, también imputado, habría procedido al cobro de grandes cantidades de dinero en efectivo, la mayoría en billetes de 500 euros, a través de cheques nominales y en la ventanilla de entidades bancarias, sobre todo de Castilla y León. Un dinero que luego volvía a la empresa pagadora, en este caso la constructora OCA.

Después de un año de procedimiento, la instrucción parece haber entrado en una fase de estancamiento, una vez que prestaron declaración las personas imputadas por la comisión de estos delitos de fraude y falsedad documental; directivos de la empresas constructora y representantes de las empresas que recibían un dinero que luego regresaba a la que lo pagaba. Así como la ratificación de su informe por parte del inspector de la Agencia Tributaria.

La empresa, que tiene su sede central en Ourense, cuenta con delegaciones las Santiago de Compostela, Pontevedra y Lugo, en lo que se refiere a Galicia, así como en Valladolid, Madrid, Barcelona y Granada. Además de contar con plantas de aglomerado asfáltico, donde en Ourense, otras dos en Castilla León, e igual número en Madrid, junto con varias canteras.