Las parlamentarias del BNG Tereixa Paz y Carme Adán desvelaron ayer que la Consellería de Educación que dirige Xesús Vázquez realizó dos transferencias de 40.000 y 12.000 euros este curso al IES 12 de Outubro de Ourense para el desarrollo del plan piloto Intelbank integrado en el programa Abalar y cuyo objeto, según la propia Xunta, consiste en dar un nuevo impulso al uso de las herramientas digitales entre docentes y estudiantes.

Tereixa Paz explicó que la dirección del IES supo en febrero de este año que la Xunta había elegido este centro (y supuestamente otros seis más aunque el BNG no lo ha podido confirmar) para el experimento educativo, para cuyo desarrollo percibían una cantidad inicial de 40.000 euros que se completaría el próximo curso con 30.000 más. Al parecer, el director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal, les anunciaba también que una empresa visitaría el centro para ejecutar el plan piloto, encargando a la dirección el abono de los gastos mediante talones. La empresa recibió 31.500 euros pero nadie en la comunidad educativa del IES 12 de Outubro supo qué era Intelbank. Según explicaron ayer Paz y Adán, "los pagos se realizaban sin nada que verificase trabajo alguno". De hecho, añaden, "al paso de los meses, los profesores empezaron a preocuparse".

La situación "absolutamente irregular", en palabras de Tereixa Paz, provocó que el Claustro docente del IES decidiese desvinculares del proyecto y de la empresa "porque no se avanzaba nada" y "dejar de pagar". Entretanto, la Xunta había derivado a las cuentas del 12 de Outubro los 12.000 euros de la segunda partida.

El grupo parlamentario del BNG ha investigado a la empresa privada encargada de desarrollar el proyecto piloto y ha descubierto que se llama "Intellectia Bank", y que se fundó en 2010, "casi ad hoc para este contrato", indicó Tereixa Paz. Lo curioso, relata, es que la empresa nace con el objeto de dedicarse a la concepción, diseño y desarrollo de aplicaciones inteligentes en web semántica en niveles de ESO y Bacharelato, "pero la persona que la registra como autónomo tiene por actividad la promoción de edificaciones, y el administrador único es un señor de Boiro llamado Fernando Moure que se dedica al comercio al por mayor de pescado y otros productos de pesca y acuicultura". La persona que figura como representante de la entidad, que visita el instituto y recibe los talones es José Manuel Castro García, hermano del director xeral de Relacións Institucionais, Roberto Castro, y condenado en 1995 a 10 años de prisión por un delito de falsedad y estafa, con el pago a la Tesorería de la Seguridad Social de los más de 180.000 euros que había desviado aprovechándose de su puesto de trabajo en el INSS.

El ahora empresario estuvo huido de la justicia y fue localizado por la Interpol en Francia, que lo entregó a la justicia española en 2001.

Tanto Tereixa Paz como Carmen Adán aseguraron ayer que en la plataforma de contratación de la Xunta de Galicia no existe ningún contrato con esta empresa. El IES 12 de Outubro tampoco firmó acuerdo alguno, limitándose únicamente a entregar los talones a indicación de la Consellería de Educación.

El grupo nacionalista ha presentado dos iniciativas parlamentarias para que el conselleiro Xesús Vázquez explique "por qué en un momento de recortes en lo más básico de la educación, desde la sustitución de profesorado hasta gastos en los centros, un solo instituto recibe 70.000 euros para que una empresa haga no se sabe muy bien qué trabajo". Algo que consideran "desproporcionado". El BNG quiere que la comisión de Educación responda en que consiste el proyecto piloto, cuantos centros participan y como fueron seleccionados, que financiación tiene y con cargo a qué partida, como se seleccionó la empresa y quien la contrató.