-¿A qué atribuye que, según el último barómetro del CIS, un 68,8% de los españoles no se considere igual ante ley; y un 82,6 crea que la justicia favorece a unos más que a otros, a políticos, ricos y poderosos?

-Creo que eso siempre se ha pensado. Como dice una persona de esta ciudad: la justicia al rico se le interpreta y al pobre se le aplica. Yo creo que no es así. Se redactan millones de sentencias, lo que ocurre es que normalmente las que tienen más trascendencia son las de los ricos, y a los mejor no nos parecen bien y hace pensar que, a lo mejor, con un pobre se hubiera hecho otra cosa. Pero tendríamos que ver cuántas sentencias se les ponen a los pobres de una manera correcta.

-¿Por qué el sacerdote Benigno Moure aún no ha cumplido condena cuando el plazo inicialmente marcado de suspensión expiró hace ya 5 meses?

-A eso no le puedo dar ninguna explicación porque desconozco los términos de cómo se está tramitando el indulto y las resoluciones de la sala de la Sección Segunda [de la Audiencia Provincial]. Es un asunto estrictamente jurisdiccional. Yo no sé exactamente qué es lo que sucede.

-En antesala electoral, ¿entre los que viven el día a día judicial cala la impresión de que a los políticos les interesa la Justicia como arma arrojadiza?

-La Justicia tradicionalmente se ha considerado la gran olvidada, la hermana pobre de la administración. En Ourense yo creo que no estamos mal, aunque hay cosas desde luego mejorables. Pero nos acordamos de la Justicia cuando nos hace falta o cuando nos vemos sometidos a ella.

-¿Temen recibir durante la campaña un aluvión de denuncias cruzadas entre partidos?

-Salvo algún caso puntual, no es algo exagerado. Aunque sí que como miembro de la Junta Electoral Provincial, cuando he tenido que formar parte de ella, hemos visto algún tipo de expresiones, acciones o conductas que han podido contrariar a un contrincante. Pero yo creo que aquí las fuerzas políticas no son especialmente beligerantes en ese aspecto.

- La clase política afirma a veces no querer judicializar la vida política; ¿reniegan ustedes de que se politice la judicial?

-Yo creo que no es una frase que tenga mucho sentido. La vida política hay que judicializarla cuando hay que judicializarla y nada más. Si dentro de la vida política se comete un delito, la Justicia tiene que actuar. La política no queda al margen de la Justicia; forma parte de la sociedad y está sometida a la Justicia igual que cualquier ciudadano.

-¿Por qué la Justicia no actúa entonces de oficio ante presuntas irregularidades que forman parte del debate social?

-Es que la Justicia, aunque cabe la posibilidad de incoar de oficio un procedimiento, no es lo correcto. Para que la Justicia actúe es necesario que se pongan en marcha los mecanismos, digamos, que la excitan a actuar, pues o bien una denuncia o bien una querella. Comprometería en cierto modo la imparcialidad de la Justicia que desde la propia Justicia saliera la iniciativa para tomar estas medias. Yo sé que eso es algo que a veces la opinión pública no entiende. Pero los juzgados y tribunales necesitan que se le traigan esos hechos, que esos hechos se incorporen a un procedimiento. La Justicia por sí misma muchas veces no es quién para tomar esas decisiones. Aunque reconozco que eso también se pone en el “debe” de la Justicia, que no se actúa.

-Ayer se escogieron delegados a la Junta Personal. ¿Cuáles son las necesidades que le transmiten los funcionarios?

-He tenido hasta el momento una relación bastante fluida con todos los representantes sindicales. Como cualquier trabajador, se persigue mejorar las condiciones y que funcione el sistema, que haya medios adecuados.

-Fuentes sindicales alertan de que se están eliminando refuerzos y dejando sin nombrar puestos interinos

-No conozco esa situación. Sí es cierto y a nadie se le puede ocultar que actualmente la Xunta pasa por dificultades económicas y que además el tema de interinidades y refuerzos sufren demoras, y a lo mejor no se están haciendo con la rapidez y agilidad que sería deseable. Que no estemos viviendo el momento económico más boyante tiene reflejo en estas demoras.

-Dígame el diagnóstico más reciente de falta de medios

-Estamos pendientes del nuevo edificio judicial, que es la gran demanda. Con la creación del último juzgado, el Social Número 4, ha habido que desplazarlo del Pazo porque aquí ya no cabe absolutamente nada.

-¿Los juzgados se pueden permitir un retraso en la construcción del edificio?

-Sería deseable que eso no suceda pero estamos a expensas de lo que la administración nos dé. Lo que me ha comunicado el Concello es que está solucionado el problema por el proceso expropiatorio. Pero hay dos procedimientos, uno contencioso y otro civil.

-¿Un aumento de un 136% de los impagos en el último año no justifica la creación de un juzgado específico?

-El problema es que los impagos se están tramitando en gran medida a través del procedimiento monitorio. En principio, un procedimiento que concluye rápido si no hay oposición por parte del deudor. Se han incrementado muchísimo. Es un procedimiento ágil que no da mayores problemas salvo la ejecución. Y en los juzgados de primera instancia hay muchísimas ejecuciones. Quizá uno de los problemas que tiene ahora la Justicia no es tanto el declarar el derecho de qué se debe sino en materializar el derecho declarado.

-Cuando al final el interés último es cobrar ¿no aportaría soluciones aplicar una mediación?

-Pero en el arbitraje y la mediación si no se cumple voluntariamente el derecho declarado, estamos en lo mismo, porque habrá que seguir acudiendo a la jurisdicción. Un árbitro no puede embargar, además. Y en la mediación, si luego no se cumple lo acordado en común, nos encontramos con lo mismo.

-Una acumulación de asuntos puso en el punto de mira a Instrucción Tres, que tenía 1.423 casos pendientes a finales de 2009 y asume los delitos contra la mujer. ¿Es necesario reforzarlo; hay motivos para solicitar un juzgado específico de violencia?

-Por lo que yo he hablado con la titular, es un juzgado que va saliendo adelante. Los números que se presentan son bastante mejores. Hay que tener en cuenta una cosa: que se hunda un juzgado cuesta muy poco; levantarlo y ponerlo al día, cuesta muchísimo. Por lo que tengo entendido, estamos en la tendencia positiva. Esperemos que los asuntos que entren a partir de ahora no sufran las dilaciones de cuando el juzgado estaba en su fase crítica.

-Usted es miembro nato en la Sala de Gobierno del TSXG. ¿Se baraja dotar a Ourense de algún nuevo juzgado?

-En principio en Ourense la planta judicial está bastante bien cubierta. En las villas no parece que haya ninguna carencia. En Ourense los juzgados de lo Social están perfectamente atendidos; los juzgados de lo Contencioso no tienen mayor complicación; el de Menores presenta unos índices buenos; los juzgados de Instrucción están adecuadamente diseñados. En los juzgados de lo Penal sí ha subido bastante el número de procedimientos y donde mayores problemas se presentan es en el tema de la ejecución, agravado además por la revisión de sentencias derivada de la última reforma del Código Penal.

-¿Son muchos los asuntos que pueden llegar a prescribir por demora en la ejecución? En toda la jurisdicción ourensana había más de 12.000 sentencias pendientes de llevarse a la práctica, según el CGPJ

-Lo que puede caducar son las ejecutorias penales pero mientras se están ejecutando las penas no prescriben. El problema surge cuando se dejan de ejecutar. En relación con el ámbito de lo civil o de lo social sucede lo mismo. El problema es cuando se produce inactividad, entonces sí pueden prescribir.