La Consellería de Sanidade investiga a los concellos Pontedeva, O Irixo, Calvos de Randín, Porqueira y A Peroxa por incumplir la normativa vigente sobre abastecimiento de agua, al no hacer los análisis reglamentarios o no facilitar los resultados de los mismos al Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), que los expone a la opinión pública en la red.

Poco más de setenta concellos, de los 92 que hay en la provincia de Ourense, cumplen la normativa de forma regular, 18 mediante la contratación del servicio a empresas especializadas, mientras que 55 se acogieron a convenios con Aquaourense, por lo que existe una franja de municipios que todavía no se ajustan a lo establecido en el Real Decreto 140/2003 sobre el control de la calidad del agua de consumo humano, que establece el tipo de análisis que debe hacer cada municipio, en función del número de habitantes que tenga y de los metros cúbicos que consuman.

El portavoz de Adega, Xan Carlos Fernández, advierte de que poco más de setenta concellos de la provincia facilitan datos sobre los resultados de los análisis que realizan en la página del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo, organismo por medio del que se ha conocido que detectaron agua "no apta para el consumo" en cuatro concellos de la provincia en el año 2010. En Arnoia y Chandrexa de Queixa se encontraron bacterias coliformes y escherichia coli, por la presencia de purines o sustancias orgánicas; en Esgos, arsénico, un compuesto químico muy peligroso; y en A Merca, trihalometanos. Los alcaldes confirmaron a este periódico que todas las irregularidades "fueron corregidas de forma inmediata".

Como responsable de la empresa que se ocupa de hacer los controles en los municipios afectados, el director territorial de Aquagest Galicia, Henry Laiño, asegura que "en ningún momento ha estado en riesgo la salud de la población de estos concellos, al tratarse de índices de contaminación relativamente bajos, que se corrigieron de forma inmediata". Y secunda el criterio que ofrecen otras fuentes técnicas, al indicar que "el peligro está donde no se controla, por el "carácter acumulativo" que tienen estas sustancias, que pueden acabar provocando cáncer u otras patologías graves, si el consumo de agua con la presencia de compuestos químicos u orgánicos no se solventa y se realiza durante años. Este es el riesgo que corren también muchos pueblos del rural de la provincia de Ourense, que tienen depósitos y canalizaciones construidos por los propios vecinos, sin que se analice ni se clore el agua. Y no se libran del problema las fuentes públicas, cuyo control corresponde a los concellos.

Xan Carlos Fernández considera que algunos alcaldes incurren en la "negligencia" de no controlar el agua "por desidia o ignorancia", a pesar de que ya pasaron ocho años desde el momento que entró en vigor la nueva normativa que los obliga a distribuir agua con garantías. Por lo que advierte de que deben priorizar antes esta inversión, por ser básica y elemental, a cualquier otro tipo de gasto en infraestructuras o fiestas.

Para dar respuesta a las exigencias de la nueva normativa, la Diputación creó en el año 2008 la empresa mixta Aquaourense –en la que está integrada Aquagest–, con la finalidad de prestar apoyo a los pequeños concellos de la provincia, mediante la recogida de muestras y realización de análisis, aportando los datos al Sinac.

La Diputación de Ourense se hace cargo de los análisis de control del agua que se realizan en los concellos que tienen convenio con Aquaourense. Las administraciones locales solo tienen que pagar los análisis completos que se hacen cada seis o doce meses –dependiendo del número de habitantes–, con un coste de 750 euros cada uno.