"Fracaso funcional de todos los órganos vitales por probable choque séptico como consecuencia de habérsele inyectado una sustancia sedante contaminada, en concreto Propofol". Es la causa de la muerte del paciente que falleció durante una colonoscopia en el hospital Santa María Nai el pasado 23 de septiembre, según ha revelado la autopsia clínica realizada por Anatomía Patológica del CHOU.
Esta conclusión confirma las sospechas de la familia de Manuel Castro Otero, de 46 años y edil en Castrelo de Miño por el PSOE, que ha iniciado un procedimiento penal en el Juzgado número 2 de Ourense para que se depuren las oportunas responsabilidades, se concreten los hechos acaecidos y se establezca si son imputables y a quien.
La familia ha esperado casi dos meses a que el centro sanitario contactase con ella para explicar lo sucedido y acordar una solución pacífica conforme a la ley, pero dado el "nulo interés" mostrado ha decidido recurrir a la vía legal. Así lo explica su letrado, José Arcos, que acusa al CHOU de "falta de respeto" por no haberse dirigido a los parientes de la víctima tras el fallecimiento "para reconocer lo sucedido y ponerse a su disposición".
El abogado compareció ayer públicamente en nombre de los parientes de Castro Otero para dar a conocer parcialmente el informe de la autopsia y contradecir al CHOU, que en ningún momento admitió que el fallecimiento estuviese relacionado con la administración del fármaco analgésico contaminado, a pesar de que otras nueve personas que se sometieron a pruebas digestivas en la misma sala de endoscopias el mismo día resultaron infectadas y requirieron ingreso hospitalario.
José Arcos indicó ayer que la autopsia evidencia que "el virus o germen llegó a todos los órganos vitales de Manuel congestionándolos de tal manera que le provocó la muerte". El abogado criticó que el CHOU dijese inicialmente "que se debía a un paro cardíaco" y que se hubiese insinuado que el fallecimiento podía estar relacionado con el estado de salud del paciente.
El representante de la familia explicó ayer que el informe elaborado por Medicina Preventiva reconoce la existencia de un brote infeccioso que afectó a diez personas, entre ellas Manuel Castro, pero matiza que el origen de la contaminación no está clara. Al parecer, entre la opción de que fuese de origen externo al centro o interno, el informe se inclina por causas internas relacionadas con "la conservación o mantenimiento del medicamento". En este sentido, el abogado recuerda que la bacteria infecciosa solo se halló en dos viales del fármaco endovenoso y en una única sala del hospital. Denuncia por ello el "mal funcionamiento del sistema público sanitario y, en particular, de ese centro", y lamenta que después de un mes de espera la familia tenga que recurrir a un procedimiento judicial que podría evitarse si el Sergas "asumiese su responsabilidad".
Recalca que la familia no tiene ánimo lucrativo con esta demanda de responsabilidad si no de "resarcimiento" y "para que no vuelva a suceder".
