Alexandre Sánchez Vidal y Andrés García Mata, los dos tenientes de alcalde del BNG que han abandonado el puesto desde 2007, están formalmente acusados, al menos por el PP, en la trama de los paneles. También David Cortón, ex director xeral que dimitió días antes de que el juez instructor imputara a los nacionalistas, a un funcionario y a los dos socios de una empresa creada presuntamente a tal efecto para beneficiarse de la millonaria gestión de un servicio de pantallas publicitarias en un procedimiento sin concurso. Al tiempo que los supuestos miembros de la trama han hecho llegar al juez recursos contra su imputación, el PP ejercita ya su labor como parte y reclama penas de hasta dos años de prisión con 15 de inhabilitación para Sánchez Vidal, Mata y Cortón.

Los populares siguen el hilo de indicios trazado por el juez instructor y considera responsables a los tres ex cargos nacionalistas y al funcionario Elías Domínguez por los delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho o, subsidiariamente, tráfico de influencias. En el escrito donde solicita al juez la apertura de juicio oral, el PP acusa de todos estos tipos menos prevaricación a Omar Bouzo y Daniel Conde, los dos funcionarios en excedencia que constituyeron la empresa presuntamente beneficiada en el concurso, Afiador Produccións, firma que además todavía mantiene un contencioso contra el Concello de Ourense en el que pide una compensación por incumplir el contrato. La junta de gobierno local bloqueó el expediente en octubre de 2008.

El PP explica que el proceso se inició a través de un escrito firmado por David Cortón, director xeral de Turismo, con fecha de 12 noviembre de 2007, que ponía en marcha un expediente para la adjudicación directa del servicio. Posteriormente, tal y como recoge el escrito de los populares, actuó Elías Domínguez, jefe de servicio de Turismo, quien emitió un informe en el que manifestaba que la propuesta más favorable era la de Afiador Produccións.

Fechado a 4 de febrero de 2008, cuando presuntamente Afiador todavía no contaba con Número de Identificación Fiscal (NIF), se rubricó el convenio/contrato entre Alexandre Sánchez Vidal y Daniel Conde, que concedía el servicio durante un plazo de 40 años y, señala el PP, sin contraprestaciones para el Concello.

A mediados del mes de octubre y sin que fuese aprobado por la junta de gobierno local, matiza el PP, se iniciaron las obras de instalación "con el consentimiento" del concejal de Infraestructuras, quien habría dado el "visto e prace" a las obras, que ocupaban suelo público.

Por último, el PP alude en su escrito, del 29 de septiembre, a un informe emitido por el jefe de la Policía Local que, según la oposición, existía desde el 22 de agosto de 2008. Documento en el que, como ya relató el juez, se desaconseja la colocación de los paneles en dos de los cuatro puntos elegidos.