La Diputación de Ourense tendrá que pagar 152.000 euros por la redacción del proyecto de un aeródromo programado para Xinzo de Limia que no ha recogido ni pretende construir. Pero para más intriga, la empresa que realizó el trabajo no pudo o no quiso identificar ante los tribunales de justicia a la persona que encargó el trabajo. La institución provincial abonará la factura, después de que el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Ourense le haya dado la razón a la empresa que realizó el estudio, en una sentencia contra la que no cabe recurso ordinario.
La alarma saltó en el último pleno de la Diputación, porque el grupo de gobierno incluyó en el orden del día un expediente de modificación de créditos con una partida de 80.000 euros para "gastos jurídicos". Tras las preguntas formuladas por los nacionalistas Xosé Manuel Fírvida y Alfonso Grande, se aclaró que corresponden a los intereses generados por el impago de una factura de 72.000 euros a la empresa redactora del proyecto del aeródromo de A Limia, desde 1992, fecha en la que una persona a la que no identifica le encargó el trabajo, aunque en instancias judiciales sostiene que la petición procede del Concello de Xinzo, al frente del que se encontraba Isaac Vila Rodríguez, que también desempeñaba el cargo de vicepresidente de la Diputación.
El grupo de gobierno de la Diputación reconoce que no sabe el nombre de la persona que encargó el proyecto, ni la empresa que formuló la denuncia la identificó –se limitó a decir que partía del Concello de Xinzo–, por lo que hubo varias sentencias absolutorias en la vía civil. Sin embargo, en 1996 la entidad que realizó el trabajo presentó un contencioso administrativo, y el juzgado le terminó dando la razón.
Informe
Para adoptar la resolución, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ourense tuvo en cuenta que la junta de gobierno de la Diputación reconoció la deuda en el mes de marzo de 1992. Pero el representante del BNG en aquel momento, presentó un recurso contra la aprobación del acuerdo, adoptado por la junta de gobierno, al considerar que no era el órgano competente. El secretario emitió un informe, en el que reconoció que no había partida presupuestaria para efectuar el pago y que la junta de gobierno no era competente para aprobar el pago, "debía de hacerlo el pleno" de la Diputación, por lo que quedó paralizado.
Curiosamente, el grupo de gobierno no llevó más ese pago a ningún pleno, para su aprobación, ni llegó a recoger el estudio, por lo que los nacionalistas Xosé Manuel Fírvida y Alfonso Grande lo califican como "un proyecto fantasma", al no saber quién lo encargó, por qué no se recogió y por qué no se llegó a pagar.
El BNG pide que la comisión de régimen interno de la Diputación, en la que están representados los tres grupos políticos de la corporación –PP, PSOE y BNG–, investigue todo el proceso, que le faciliten toda la documentación y que se depuren responsabilidades políticas.
