El PP alerta de que Ourense puede perder inversiones si se anula el Plan de Urbanismo

X.M. DEL CAÑO - OURENSE El concejal de Urbanismo del PP, José Luis Sousa, alerta de que Ourense puede perder cuantiosas inversiones, en el caso de que los tribunales de justicia acaben ratificando una de las siete sentencias que tiene en contra el Plan General de Ordenación Urbana de 2003. Sousa lamenta que el gobierno bipartito se haya obsesionado con sacar "tajada política" de los fallos que hubo en el proceso, en lugar de desarrollar unas normas transitorias, en un período de cuatro a seis meses, para paliar la situación y evitar la paralización de proyectos.
Tras admitir las deficiencias que presenta el anterior Plan General de Urbanismo, que elaboró el PP, Sousa sostiene que la mayor parte de ellas son fácilmente subsanables, al fundamentarse en carencias de un informe sectorial de telecomunicaciones, aunque también hubo "uno grave", consistente en el cambio de algunos planos aprobados, que no se correspondían con los que se sometieron a exposición pública. Y sostiene que la fórmula más sencilla para solucionar la situación era desarrollar unas normas transitorias, con las que el Concello podría funcionar sin ninguna dificultad hasta 2014. A partir de ese año, el PP se plantearía la posibilidad de redactar un nuevo plan de urbanismo, para dar respuesta a las necesidades de crecimiento de la ciudad.
La carencia del plan transitorio, recomendado por el PP, "coloca a Ourense en una situación de riesgo innecesario", porque si los tribunales de justicia terminan anulando el Plan General de Urbanismo de 2003, tendría que aplicarse el de 1986, con lo que se generaría "un caos" en la ciudad.
"Si se cae ahora el Plan de 2003, Dios no lo quiera, por bien de todos, la sentencia no sería recurrible. Y la única solución inmediata que se podía adoptar sería impulsar unas normas transitorias de planeamiento, porque si no habría que retrotraerse al Plan de 1986, y eso sería una verdadera catástrofe", asevera José Luis Sousa.
La anulación del Plan General de Urbanismo de 2003 supondría la paralización inmediata de las obras que se ejecutan con fondos de la Unión Europea, al tener que ajustarlas a la ordenación de 1986.
Sousa responsabiliza al grupo de gobierno de no consensuar con la oposición la política de urbanismo que aplicará el Concello de Ourense, para evitar bandazos, en un sistema de alternancia política. Y explica que las consecuencias de esa falta de comunicación, entre el gobierno bipartito y la oposición municipal, puede tener graves consecuencias para las arcas públicas, debido a que el PP, en el caso de que gane las elecciones municipales en el próximo mes de mayo, no piensa aplicar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que están desarrollando el PSOE y el BNG, con un coste de 1,6 millones de euros, de los que sólo se podrán aprovechar los 600.000 euros correspondientes a la planimetría. De esta forma, se perdería un millón de euros, que el bipartito dedica a la redacción de la nueva ordenación urbanística.
José Luis Sousa lamenta que el gobierno bipartito se haya metido a la revisión general del Plan, a pesar de que se podía ahorrar un millón de euros confeccionando unas normas transitorias, en cuatro o cinco meses, como recomendaba la Xunta. Sin embargo, en la memoria del nuevo documento consta que "no parte de cero, sino que parte del diseño de ciudad que tenía el PP, plasmado en el Plan General de 2003". Sousa reconoce que hay infraestructuras, como la entrada del Ave a la ciudad, que requieren una modificación puntual del Plan General en la zona, para adaptarlo a las necesidades ferroviarias.