El Defensor del Pueblo censura en un informe de conclusiones que acaba de remitir al Congreso de los Diputados la "actuación incorrecta" de la Policía_Local de Ourense. El organismo hace de altavoz de un vecindario de Mariñamansa, que durante diez días de 2008 malvivió con el ruido atronador de la alarma de seguridad instalada en una casa aledaña y habitualmente deshabitada.
Los residentes de la urbanización O Salnés, en alto porcentaje familias con hijos recién nacidos, colapsaron la centralita de llamadas de la Policía Local, pasaron noches en vela desquiciados por el sonido incesante de la alarma (se activaba cada media hora, día y noche) y al tercer día sin dormir cursaron denuncia en la Comisaría de Policía Nacional, pese a que la regulación de ruidos es competencia del Concello y su cuerpo municipal. El ayuntamiento procedió a posteriori y decidió sancionar a tres agentes locales por una falta de negligencia.
Diez días "machacados" por la alarma, y tras una visita a la Subdelegación del Gobierno que este periódico no ha podido ratificar, una patrulla de la Policía Nacional cortocircuitaba el dispositivo. ""Con el enfado considerable del dueño cuando se enteró tiempo después al volver a casa", relata la mujer que elevó al Defensor del Pueblo las quejas y molestias de los tres bloques de viviendas afectados.
"La Policía Local no adoptó las medidas necesarias para resolver el problema", concluye en un apartado sucinto de su informe el organismo que, desde 2000, encabeza Enrique Múgica.
Ante la advertencia, el concejal de Seguridad, Fernando Varela, y fuentes de la Policía Local, recuerdan el esfuerzo por localizar al propietario de la casa protegida por la alarma, y la dificultad de manejar datos de las compañías de seguridad conectadas a los inmuebles de sus clientes.
De hecho, os agentes municipales acudieron a la urbanización en varias ocasiones, y así lo reconoce el Alto Comisionado, aunque "sin adoptar ninguna medida para resolver el problema denunciado, alegando que se desconocía quién era el propietario de la vivienda y que no había resultado posible recabar datos al respecto".
Los jurídicos del Defensor deponen: "finalmente pudo constatarse en un asunto suscitado en Ourense, una omisión de la actuación debida, reconocida por la Policía Local".
El informe también apunta responsabilidades del Concello de Ourense, que por este caso terminó sancionando a tres agentes, y apunta: "en relación con dicha cuestión, los vecinos se habían dirigido en numerosas ocasiones a la policía municipal poniendo en su conocimiento los mencionados hechos, sin que se hubiera realizado ninguna actuación por parte del Ayuntamiento".
