La Sociedad Urbanística Provincial (Urbaourense), dependiente de la Diputación, procederá a la compra de suelo público o privado urbanizado, con un gasto fijado inicialmente en 800.000 euros, más los impuestos correspondientes, cuyo destino será la construcción de viviendas, para su posterior venta a precio de vivienda protegida autonómica concertada, ante la imposibilidad de ejecutar el proyecto de Santamariña.
El acuerdo fue adoptado en la junta general de la sociedad, celebrada ayer en la Diputación, antes del pleno provincial, con el respaldo del PP, voto en contra los diputados del BNG, al ser contrarios a la existencia de la propia sociedad urbanística, y la abstención del grupo socialista, alegando que necesitaba contar con mayor información.
El gerente de la sociedad, José Cudeiro, fue el encargado de defender la necesidad de llevar a cabo la adquisición de suelo, que permita la construcción de viviendas protegidas como se contempla en la memoria de la propia sociedad y que estaba previsto desarrollar en la finca Santamariña, para lo que se había presupuestado 1 millón de euros.
También explicó que el proyecto inicial, a desarrollar en terrenos de la finca Santamariña "se había complicado", cuya responsabilidad imputó a la inmobiliaria Flager, que pretendía realizar la subasta de varias fincas que correspondían a la diputación, por lo que se realizó la correspondiente reclamación judicial, que llevó a la paralización.
Sostiene Cudeiro que la adquisición de nuevo suelo es la mejor opción, ya que todo el proceso judicial se puede demorar más de un año, por lo que esperar supondría dejar de invertir el millón de euros que se había presupuestado.
En cuanto a los futuros terrenos, el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, explicó que se realizará "una prospección para conocer las posibilidades que existen" en materia de suelo urbanizado, dentro del Concello de Ourense, para la construcción de las viviendas protegidas, como así se había acordado en su momento.
Aventura especulativa
La propuesta fue rechazada por el grupo del BNG, contrario a la existencia de la Sociedad Urbanística de la Diputación, al explicar su portavoz, Xosé Manuel Fírvida, que se duplican las competencias, debido ala existencia de Xestur Ourense, organismo que depende de la Xunta de Galicia. Y denunciar que se tratan de "aventuras especulativas urbanísticas".
También criticó al PP que lejos de llevar a cabo una política de "adelgazamiento de órganos de la Diputación, hace todo lo contrario", Para subrayar que ese dinero se podría destinar a la asistencia y apoyo a concellos de la provincia, sobre todo a los pequeños, que son los que en estos momentos tienen mayores dificultades.
Unas criticas que consideran justificadas sobre todo después de la aprobación de las cuentas anuales de 2009 de la Sociedad Urbanística Provincial, que como dato más relevante es el gasto de personal, que durante el ejercicio fue de 1,25 empleados, gerente y auxiliar administrativo, que superó los 95.000 euros.
Por su parte, la diputada socialista, Áurea Soto, se limitó a comentar la necesidad de contar con un mayor conocimiento e información de la compra de suelo, de ahí la abstención, aunque "hacer vivienda protegida es interesante".
