La Consellería de Benestar tramitó durante los meses de enero y febrero un total de 2.165 expedientes atrasados de personas dependientes en la provincia, que sumadas a las 3.942 reconocidas en los dos años de vida de la Ley de Dependencia representan un total de 6.107 personas cobrando prestaciones.
Este impulso a la aplicación de la polémica ley contó con una inyección económica de más de 13,3 millones de euros. Asimismo, se incrementó el esfuerzo del cuadro de personal con “23 persoas traballando por riba da xornada ordinaria mediante a realización de horas extras en tardes e fins de semana”, aseguró el delegado de la Xunta, Rogelio Martínez.
La mayoría de los pagos -10,4 millones para 1.845 personas- correspondieron a las libranzas del cuidador -cantidad que se abona a las familias para poder sufragar los gastos de atención a una persona dependiente que esté a su cuidado-, mientras que sólo 2,8 millones para 320 personas correspondieron a la modalidad de libranzas vinculadas al servicio. Esta modalidad es equiparable al anterior cheque asistencial, que se concedía para ayudar a pagar una plaza en una residencia privada para la persona dependiente.
Colaboración de concellos
Las administraciones locales serán el nuevo pilar sobre el que se sustente la Ley de Dependencia, ya que como reconoció el jefe territorial de la Consellería de Traballo e Benestar, José Selas, “a meirande parte dos expedientes inícianse nos concellos e logo nós tramitámolos”.
Para facilitar esta colaboración interinstitucional se pondrá en marcha una nueva aplicación informática, “para habilitar un acceso aos concellos co fin de que os traballadores sociais municipais dispoñan de datos dos expedientes para poder así resolver mellor as dúbidas aos usuarios”, explican los responsables.
Los servicios municipales también contarán con un herramienta informática de registro único de entidades prestadoras de servicios sociales.
