REDACCIÓN - OURENSE
El grupo provincial del BNG en la Diputación de Ourense considera que los últimos acontecimientos relacionados con la Finca Santamariña –en donde se ha anunciado la futura instalación de la firma El Corte Inglés– “confirman” que la venta de los terrenos a la inmobiliaria Flager supone un “gran pelotazo urbanístico” iniciado por la propia institución provincial.
El diputado nacionalista Xosé Manuel Fírvida afirmó que la Diputación facilitó la puesta “en el mercado especulativo y urbanístico de una finca que debería permanecer en poder de la Administración pública y disponer de otro pulmón verde para la ciudad” de Ourense. Asimismo, acusó a la Diputación de “allanarse judicialmente” el camino, en la transacción de la Finca Santamariña con la inmobiliaria Flager.
El objetivo de Flager, según Fírvida, en colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento, es destinar la finca para “aprovechamientos urbanísticos” y “vivienda libre”, lo que el portavoz nacionalista consideró como un claro “atropello” para todos los ourensanos.
En la actualidad, la administración provincial posee la titularidad del 37% de los terrenos, por lo que los diputados nacionalistas criticaron que, en lugar de construir vivienda de protección oficial, “intervendrá en la especulación de vivienda a precio libre”.
Fírvida denunció la “extraña coincidencia” de que la Diputación, presidida por José Luis Baltar, hubiese destinado un “24,938%” de su gasto corriente para su transacción, ya que si hubiera superado “el 25% sería obligatorio un informe preceptivo y vinculante” por parte de la Xunta para su aprobación.
Concretamente, los terrenos fueron tasados en 8,4 millones de euros, cuando en la actualidad “un perito judicial independiente la valora en 27,4 millones de euros”, lo que significaría una reducción de 19 millones por debajo de su valor real.
En este sentido, el diputado del BNG aseguró que si la tasación real fuese de 27,4 millones de euros la Diputación “no habría podido realizar una transacción directa” de los terrenos a una empresa privada “sino que tendría que haber ido a puja pública”. De este modo, “la venta con la empresa Flager se hizo por la puerta de atrás y el propio presidente de la Diputación manifestó que la finca había sido vendida por mucho menos de la mitad de su valor real”, aseveró Fírvida.
Según los datos de Fírvida, Flager tendría “seis millones de beneficio sin haber hecho ningún tipo de negocio y sin mover un ladrillo “por el simple hecho de haber realizado una negociación con la Diputación y el Ayuntamiento de Ourense”.
“Muchas casualidades para que una tasación de una finca de diecisiete hectáreas sea exactamente el límite establecido para que no haya una fiscalización por parte de la Xunta en esta transacción”, añadió el diputado nacionalista.
Beneficios “superiores”
Xosé Manuel Fírvida atacó duramente a la inmobiliaria Flager que, según afirmó, “sin haber realizado ninguna obra todavía, ni haber movido ni un solo ladrillo”, podría beneficiarse de “6 millones de euros”, en caso de que la Finca tenga que salir a puja pública y no se urbanice.
En caso de que la urbanización vaya adelante, los nacionalistas calculan que el beneficio de la inmobiliaria puede ascender hasta los 80 millones de euros, dependiendo del precio de mercado en el momento de la urbanización.
Estas ganancias se derivarían de la construcción de las 1.200 viviendas proyectadas y de la venta de parcelas destinadas a un uso comercial.
Aunque el futuro de los terrenos se decidirá el 4 de mayo, fecha límite que el juez impone a la empresa Flager para que lleguen a un acuerdo con los reversionistas, el grupo del BNG en la Diputación se atreve a anticipar que finalmente será Flager quien se encargue de explotar esos aprovechamientos urbanísticos.
Por lo tanto, desconfían que la actitud de Flager es una mera “negociación”, pero que llegarán a un acuerdo económico con los reversionistas antes de que finalice el plazo impuesto por el juez para levantar las anotaciones registrales.
Lo mismo opinan de las amenazas de la inmobiliaria al respecto de la falta de interés de la firma El Corte Inglés para instalarse en Ourense.
Otras de las conclusiones a las que ha llegado el grupo nacionalista en la Diputación es que la negativa de la inmobiliaria de no pagar los dos millones y medio a los reversionistas de los terrenos y el millón y medio para los propietarios que mantienen la titularidad de los terrenos “caese polo seu propio peso porque a Finca Santamariña está valorada por riba dos 27 millóns de euros”.
Así las cosas, el portavoz nacionalista aseguró que “a nivel político se confirman nuestras peores previsiones”, al poner en manos de Flager, en colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento de Ourense, que en aquel momento regía el popular Manuel Cabezas, un terreno que en vez de destinarse a todos los vecinos se va a destinar para “aprovechamientos urbanísticos, especulación de la vivienda”, lo que calificó como “un atropello”.
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