S. ESPINOSO - OURENSE
El pueblo de Vilariño, en Pereiro de Aguiar, sigue de cerca la actual modificación legislativa de la Lei do Solo. Y es que detrás de este texto legal se encuentra, hoy por hoy, la única vía posible para que seis viviendas unifamiliares declaradas ilegales por haber sido construidas en suelo no urbanizable (de protección de cauce y paisajístico) puedan evitar el trámite de la demolición, al que ya han sido sentenciadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
A raíz de la decisión del Alto Tribunal gallego de ratificar el expediente de reposición urbanística (derribo) que había sido decretado por la Xunta en el año 2006, el letrado de los afectados, José Luis Brea, llevó el asunto a Madrid y actualmente está pendiente de un recurso extraordinario presentado ante el Tribunal Supremo. No obstante, según reconoce el propio abogado, las esperanzas para evitar que las casas acaben siendo derribadas no están tanto en la vía judicial como en la legislativa. “Estamos a espera da modificación da Lei do Solo”, asegura Brea Sanmartín.
Nada está garantizado hasta que la ley sea oficial y se haga pública, pero las informaciones sobre por dónde podría ir la nueva ley abrió un cierto optimismo entre los afectados. Si en el nuevo texto se da finalmente vía libre a los expedientes de reposición urbanística declarados después del año 2003, “esta viviendas quedarán legalizadas”, explica el letrado, al tratarse de un expediente del 2006, con resolución al año siguiente.
Recurso
Según explica Brea Sanmartín, en su decisión de ratificar el expediente de demolición que había decretado la Xunta el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se ampara en la edificación terminada, por lo que las fechas que baraja son posteriores a 2004, así que la legislación vigente a tomar es la Lei do Solo de 2002. En este sentido, el abogado lamenta que la Administración autonómica no haya tomado cartas en el asunto ya en el año 2000, cuando se hizo la primera inspección urbanística y en la que la Xunta ya sabía que se estaban construyendo esas viviendas. “Se has paralizasen aí o asunto non tería chegado a onde chegou”, manifiesta.
Eso no ocurrió y las edificaciones siguieron levantándose. Si bien, los afectados apelan a que se tome como referencia esa fecha y no la del fin de la construcción, de tal forma que la legislación a aplicar de cara a declarar su estado de ilegalidad sería del año 97.
Con la mirada puesta en la actual modificación legislativa de la Lei do Solo, estas vivienda de Vilariño siguen con un futuro incierto.
Desde que en el año 2006 empezaron a llegar a los afectados los primeros expedientes de reposición de la legalidad que obligaban al derribo de las viviendas, fueron muchos los intentos por evitar que esa solución no llegase a efectuarse. Entre ellas, el Concello de Pereiro de Aguiar tomó la decisión de hacer una revisión de su PXOM para tratar de legalizarlas.
06:30
