Rogelio Martínez considera que está próxima la vuelta del niño obeso a la casa de sus progenitores

"Los padres están colaborando", sostiene el delegado territorial

 
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Quintanta brinda con un caldo de la D.O. Ribeira Sacra.  // Iñaki Osorio
Quintanta brinda con un caldo de la D.O. Ribeira Sacra. // Iñaki Osorio 

REDACCIÓN - OURENSE El delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez, manifestó ayer que la situación del menor con obesidad mórbida de Ourense está "normalizada" y que "más bien pronto que tarde" habrá una resolución definitiva para que pueda volver a vivir con sus padres.
Martínez resaltó la colaboración que existe entre todas las partes implicadas, en la que intermediaron colectivos gitanos. "Los padres están colaborando, que es lo que se les pidió en todo momento"; un hecho que coincide, por otra parte, con el cambio de abogado defensor.
Así y todo, con cierta cautela, Martínez aclaró que si bien la situación ya está normalizada, "el niño va a seguir en el centro durante el tiempo que los técnicos consideren oportuno y posteriormente pasará a los padres sin ningún problema".
"Las cosas van por buen camino", aseguró el delegado territorial, después de que los padres pidieran "disculpas públicamente" y se produjera el posterior acuerdo con el Juzgado de Ourense. Según Rogelio Martínez, "es la línea a seguir". Asimismo, resaltó la "buena disposición de los padres a cambiar los hábitos" del menor de diez años, a la espera de la resolución.
A partir de ahora, los plazos para que el menor vuelva a casa con sus padres "van a depender de los informes que se hacen en cada momento", aclaró Martínez, y que por ahora están siendo favorables.
"El niño está evolucionando muy bien, va a clase todos los días y en cuanto a sus hábitos, mejoraron ostensiblemente", indicó.
Con algo de retraso, una vez acordada la remisión de la causa el 1 de febrero, ayer llegó la sentencia al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En la misma se establece una pena de 6 meses decretada a los padres por el Penal 1 de Ourense por los delitos de desobediencia y abandono, que finalmente ha quedado suspendida a expensas de que los progenitores no vuelvan a delinquir en 3 años.

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