El presunto fraude en la adjudicación de paneles publicitarios e informativos afronta en las próximas semanas momentos cruciales en la fase de diligencias de instrucción. El Juzgado Número Uno de Ourense recogió ayer la declaración del teniente de alcalde Andrés García Mata, que comparecía en calidad de imputado por los presuntos delitos de falsedad documental continuada y prevaricación, a expensas de que el juzgado determine la naturaleza y circunstancias de un supuesto hecho delictivo que implicaría una adjudicación millonaria, superior a 328 millones de euros durante un periodo de vigencia de 40 años. Así lo denunció, en diciembre de 2008, el grupo municipal del PP que, "con el objetivo de llegar al fondo de esta trama", confirmaba en febrero su personación en la causa.

El teniente de alcalde nacionalista, tras mostrar "alivio" y "ganas de que el juez escuche mi versión", relató ante el instructor que no autorizó desde la Concejalía de Infraestructura las obras de instalación de las pantallas en la vía pública, contrariando uno de los planteamientos que el fiscal incluye en su querella criminal, después de poner en marcha una investigación sobre un asunto que el PP remitió a su oficina a finales de 2008.

Por el contrario, García Mata argumentó en declaraciones a este periódico que "me limité a darle trámite administrativo a una solicitud de colaboración que vino dirigida a mi nombre". Según defendió, "nunca se produjo una resolución administrativa", ni concedió el visto bueno al inicio de las obras para la instalación de los paneles.

El teniente de alcalde afirmó que "no existe ninguna irregularidad" ante los medios, para interpretar los derroteros de la causa, que el Juzgado Número Uno acelera desde ayer para dar con toda la información posible que ayude a formular, si así se estima en el transcurso de la instrucción, acusación contra los seis imputados.

Alexandre Sánchez Vidal, ex teniente de alcalde; David Cortón, director xeral de Turismo; y el funcionario jefe de esta área, Elías Domínguez, completan la terna relacionada con el área nacionalista del bipartito que, según la querella del fiscal, organizaron la adjudicación de la supuesta trama.

Los tres cargos públicos habría planeado la contratación de la gestión de los paneles con la empresa Afiador Producción. Sus dos máximos responsables, Omar Bouzo y Daniel Conde, también comparecen ante el juez el viernes en calidad de imputados. Los querellados serían responsables de un supuesto delito continuado de falsificación para ajusta los expedientes del proceso, y de otro presunto delito de prevaricación por la forma de realizar la contratación, de manera que Afiador Produccións pudiera beneficiarse de un negocio de gestión de 328 millones de euros contratado durante un periodo de 40 años. "Se trataba de un plan de pensiones para muchos", consideraba tras confirmar la personación popular, el portavoz municipal del partido.

Dependiendo del avance de la instrucción, donde el juez contará con varias personas que comparecerán en calidad de testigos, podrían extenderse o disiparse las responsabilidades penales esgrimidas en su querella por el Ministerio Fiscal.