El edificio del Banco de España en Ourense, desde que cerró sus puertas en 2004, inició una larga travesía de seis años para ejecutar un proyecto de rehabilitación y concretar un acuerdo con el Concello. Las sucesivas negociaciones se vieron abocadas al fracaso, por eso el anuncio realizado recientemente por el alcalde Francisco Rodríguez de un principio de acuerdo con Segipsa, que se traduciría en un convenio, no hizo más que avivar la polémica.
Los términos de lo que en estos momentos no es más que un preacuerdo provocó las críticas de los populares, que acusan al Gobierno central de pretender que la ciudad se conforme con "una limosna". Y de calificar el diputado del PP, Celso Delgado, de "verdadero escándalo" el convenio que propone el Ministerio de Hacienda, de ahí la petición de comparecencia urgente de la ministra Elena Salgado.
Lo que no entienden populares y nacionalistas es que se pueda justificar el desbloqueo de una situación que llevó al estado de abandono en que se encuentra el edifico, como explicó Pérez Bouza. De ahí que el nivel de exigencia no coincida con la postura que mantiene el grupo socialista en el Concello de Ourense, que gobierna en coalición con el BNG.
Una situación que provocó las críticas del portavoz municipal del PP, Enrique Nóvoa, sobre el "escaso peso político del alcalde y de su grupo de gobierno", sobre todo después de que dos de sus concejales –Agustín Fernández, de Economía, y Áurea Soto, de Urbanismo–, acompañados por un asesor adscrito al grupo socialistas, aceptasen el planteamiento del responsable de la Sociedad Estatal de Gestión de Patrimonio.
Además, Pérez Bouza recordó que el Gobierno central consignó partidas para la rehabilitación del edificio en los Presupuestos del Estado de 2007, 2008 y 2009 que nunca se ejecutaron". Y lo que en principio era un proyecto de cuatro millones se vería incrementado hasta superar los seis millones de euros.
