VÍCTOR RODRÍGUEZ - OURENSE
El Partido Popular se personará como acusación en la trama de la adjudicación de los paneles publicitarios, para lo cual se adhiere a la querella presentada por la Fiscalía que aprecia en su escrito de acusación los delitos continuados de falsedad en documentación oficial y de prevaricación, que presuntamente le imputa al teniente de alcalde, García Mata; a su antecesor, y firmante del contrato, Sánchez Vidal; y al director xeral de Turismo, David Cortón, todos del BNG, así como al funcionario municipal, jefe de servicio, Elías Domínguez, junto con los responsables de la empresa a la que se iba adjudicar, Afiador Produccións, Omar Bouzo y Daniel Conde.
El portavoz del grupo municipal popular, Enrique Nóvoa, recalcó ayer que "nuestro objetivo es llegar al fondo de toda está trama", y sostiene que como denunció en su momento "se trataba de un plan de pensiones para muchos", debido a que "estaríamos hablando de una facturación superior a los 328 millones de euros", en los 40 años de duración de la concesión.
Ceses
También pidió al alcalde, el socialista Francisco Rodríguez, que "reaccione de una vez" ante un suceso de tanta gravedad, y sobre todo que "deje de negar la realidad", como es la existencia de una trama y de tener imputados a miembros de su gobierno.
Nóvoa reclamó ayer el cese inmediato del teniente de alcalde, García Mata, y del director xeral de Turísmo, David Cortón, a los que el fiscal imputa, junto con el anterior teniente de alcalde, Sánchez Vidal, los delitos de prevaricación y falsedad en documentación oficial.
Y advirtió a Rodríguez que los ciudadanos "le pasarán factura", sobre todo cuando se "ven las cargas económicas" que supondrá para las arcas municipales, en alusión a la denuncia presentada por Afiador Produccións, solicitando 50 millones de euros por los daños y perjuicios ocasionados.
Una cuestión que es en estos momentos preocupa a los populares, como así dejó patente su portavoz, y que según aseguró se debe a que "tenemos un gobierno municipal lleno de incompetentes", sobre todo después de comprobar que "fueron incapaces de llegar a un acuerdo", una vez que se abortó la adjudicación.
En lo que también incidió Enrique Nóvoa fue en que el PP "nunca deseó llegar a esta situación", y justificó la denuncia que en su momento presentaron ante la Fiscalía en que tanto PSOE y BNG rechazaron la creación de una comisión de investigación, para posteriormente depurar las responsabilidades políticas.