El PP estudiará intervenir para garantizar la legalidad del congreso si se reciben peticiones

El secretario xeral, Alfonso Rueda, admite que cualquier planteamiento "será considerado y estudiado"

 
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REDACCIÓN/X.M. DEL CAÑO - OURENSE El secretario xeral del PPdeG, Alfonso Rueda, aseguró ayer que la dirección del partido no ha recibido ninguna petición encaminada a garantizar la legalidad del congreso provincial de Ourense, aunque indicó que “cualquier planteamiento dirigido a la sede que se presente por parte de cualquiera de los candidatos, será considerado y estudiado”.
A preguntas de los periodistas en rueda de prensa tras el comité de dirección, se mostró “seguro y convencido” de que a todos, incluidos los dos candidatos a presidir el PP de Ourense --José Manuel Baltar y Juan Manuel Jiménez Morán-- les “interesa que el congreso se desarrolle en condiciones de democracia y participación”.
Sin embargo, el candidato Jiménez Morán planteó la posibilidad de que el congreso del PP ourensano se organizase por parte de la dirección autonómica del partido, algo sobre lo que Rueda rechazó pronunciarse al no existir petición como tal registrada en la sede de la dirección gallega.
Así, y al respecto de las denuncias de posibles irregularidades en el proceso congresual realizadas por Morán, el dirigente del PPdeG explicó que existe un comité organizador del cónclave que debe ser el que se pronuncie sobre las reclamaciones que puedan realizar ambos aspirantes.
Finalmente, ratificó una vez más que el “objetivo fundamental” es lograr un congreso democrático y en donde se pueda expresar la opinión libremente, por lo que aseguró que, en la medida en que la dirección pueda contribuir a ello, recibirá su “apoyo”.

Diputación

Medio millar de operarios temen perder sus contratos temporales en la Diputación y en el Inorde por las disputas del Partido Popular. Los afectados permanecen en alerta, ante la posibilidad de que se pueda generar “una caza de brujas”, entre el personal eventual, en el caso de que la candidatura del alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, logre imponerse en el congreso provincial del día 30 a la de José Manuel Baltar, hijo del barón ourensano.
En un intento de disipar las dudas, Juan Manuel Jiménez Morán advierte de que el proceso que se mantiene abierto, de momento “sólo concierne a la presidencia provincial del PP”. Y asegura que no habrá “ningún tipo de vendettas”, en el caso de que acabe afectando a la Diputación. “Yo soy una persona seria y un caballero, por lo que voy a respetar a todo el mundo, como siempre”.
Por su parte, el grupo socialista alerta de que “no se puede demonizar” al presidente de la Diputación, José Luis Baltar, para resaltar las cualidades de Juan Manuel Jiménez Morán, que cuenta con “el apoyo” del delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez. Sostiene que Rogelio Martínez es “uno de los artífices” de la política de personal de la institución, junto al propio Baltar. “Rogelio Martínez figuraba en las mesas de contratación desde hace veinte años, llegando a representar al presidente en los tribunales de oposiciones. Por lo tanto, no tienen derecho a criticar los contratos de la Diputación, porque ahora se le vuelvan en contra”.

Seguidores

El grupo socialista resalta que entre los seguidores de Jiménez Morán se encuentra el ex concejal de Personal del Concello de Ourense del PP, Javier Rodríguez Nóvoa, que fue “contratado a dedo” en la Diputación –también está contratado su hermano-, como técnico de recursos europeos. Recuerda que en las pruebas “se pedía que fuera licenciado en Farmacia”, algo que considera que es “de juzgado de guardia”. Por lo que contempla como una incoherencia que ahora “se lleven las manos a la cabeza”, porque el mecanismo establecido no les favorece.
La Diputación de Ourense dedica el 47% de su presupuesto, cifrado en 84.950.000 euros, a gastos de personal, al realizar sucesivas modificaciones al alza, en cada ejercicio, desde el 34% inicial, tal como indica el portavoz del BNG, José Manuel Fírvida.
Los grupos de la oposición resaltan que el cuadro de personal de la Diputación alcanza “picos” de 1.000 y 1.100 trabajadores, durante los períodos preelectorales y electorales, en los que la contratación eventual “pasa de 300 a 500 operarios”.

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