X.M. DEL CAÑO - OURENSE
La anulación del Plan General de Urbanismo pondrá en peligro unos 6.000 empleos en Ourense, relacionados con el sector de la construcción, venta de materiales, promotores e intermediarios, según el presidente de la Asociación de Empresarios Inmobiliarios de Ourense (Adeido), Benito Iglesias Padrón. Iglesias propone como fórmula para salvar la situación, que se impulse la rehabilitación de edificios en el casco antiguo de la ciudad, actividad que proporciona “muchos puestos de trabajo”, y la concesión de una importante carga de obra pública a empresas de la capital, especialmente la relacionada con la llegada del AVE.
Por su parte, la concejal de Urbanismo del Concello de Ourense, Áurea Soto, admite que la primera sentencia en firme de anulación del Plan General de Ordenación Municipal puede conocerse a lo largo del año 2010, después de que la Administración local presentara nueve recursos contra resoluciones judiciales que anulaban la planificación urbanística de 2003 en su totalidad.
Benito Iglesias alerta de que la supresión del plan de urbanismo supondría la paralización de la construcción de vivienda en la capital durante tres o cuatro años, “justo en el momento que se empezará a recuperar el mercado, en el segundo semestre del año 2010”. Ayudaría a paliar la situación, la reserva de 5.000 viviendas que permanecen desocupadas en la actualidad -sumando entre pisos nuevos y usados-, de las que se encuentran a la venta cerca de 3.000 propiedades. Pero al quedar paralizada la construcción durante dos o tres años, “disminuirán las posibilidades de elección de inmuebles, calidades y zonas”.
Gran oportunidad
El presidente de Adeido sostiene que la probable anulación de Plan General de Ordenación Municipal, que puede darse a lo largo del año 2010 o 2011, debe enfocarse como “una gran oportunidad para recuperar el casco histórico de Ourense”, mediante la implicación de la Xunta de Galicia y del Concello de Ourense.
El Concello de Ourense ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo nueve sentencias que anulan el Plan General de Urbanismo, dictadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En el momento que se produzca la primera resolución “será firme”, por lo que si confirma la anulación del plan aprobado en el año 2003, tendrá que aplicarse el de 1986, que resulta mucho más restrictivo, con lo que se cerrarían las posibilidades de acometer nuevos proyectos, de lo que se llevaría la peor parte la vivienda libre.
