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SANDRA DE LA FUENTE - OURENSE La ilusión de trasladar el antiguo edificio de la Policía Local en el casco histórico de Ourense a otra ubicación y abrir una gran Plaza de San Martiño frente a la fachada principal de la catedral y su pórtico tendrá que esperar. El actual grupo de gobierno apuesta por esta idea pero sostiene que es un “tema muy delicado y complejo” que requiere un tratamiento “sosegado”, según la edil de Urbanismo, Áurea Soto.
Por el momento, y desde su llegada al poder, el gobierno local ha apostado por recortar el gasto municipal en alquiler de locales haciendo uso de este inmueble que se quedó vacío con el traslado de la Policía Local a un nuevo edificio en el barrio de A Ponte. Desde entonces, el Concello ha cerrado alquileres en locales dispersos centralizando aquí las oficinas de departamentos como Xuventude, Medio Ambiente, Comercio o Educación. Sin embargo, una parte del edificio era de propiedad privada por lo que el Concello seguía abonando un alquiler.
Expropiación
Es por esto que la Xunta de Goberno Local aprobó ayer el inicio del expediente de expropiación de la esquina lateral derecha y obtener así la titularidad total del inmueble, clasificado en su totalidad como equipamiento muncipal en el PERI del casco histórico.
El Concello logra así la esquina vertical con la Praza de Santa Eufemia y Arcediagos. Las parcelas expropiadas son cuatro, con una extensión total de 279 y 214 metros cuadrados en las plantas altas y 65 metros cuadrados de planta baja. El valor total de la edificación es de 445.245 euros.
En cualquier caso, Áurea Soto señala que lograr que el edificio sea municipal es un paso previo a la intervención en la Praza San Martiño, si bien reconoce que no está en la agenda del grupo de gobierno para este mandato. De hecho, lamenta que el concurso de propuestas de intervención iniciado durante la etapa anterior de Manuel Cabezas y que ha recibido numerosas sugerencias no se haya resuelto todavía, aunque admite que “deberíamos fallarlo”.
En todo caso, Soto recuerda que el concurso no implica la obligatoriedad de ejecución y que la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta “nunca confirmó que autorizaría el traslado del edificio”. Es más, apunta la edil de Urbanismo que “en los últimos 15 años han mostrado una tendencia conservadora que defiende la ubicación actual para mantener la visión de la Catedral de lado”.
Áurea Soto sostiene que “hay que discutirlo y negociar con mucha calma” y por eso apuesta por retomar el debate en un próximo mandato.
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