V. RODRÍGUEZ - OURENSE
El Concello de Ourense procederá al derribo de las obras ilegales ejecutadas en el restaurante que el presidente de la Cámara de Comercio y de la Federación Provincial de Hostelería, Ovidio Fernández Ojea, tiene en la calle Sáenz Díez. De esta forma da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de noviembre de 2007.
La Junta de Gobierno también aprobó la liquidación provisional de los gastos que implicará la elaboración del proyecto de demolición de los 25,14 metros cuadrados donde se realizaron las obras ilegales, y cuyo coste final deberá ser abonado por el propio Fernández Ojea. Y se acuerda solicitar, en su caso, mandamiento judicial de entrada en la propiedad.
En el informe municipal se deja constancia que la ejecución subsidiaria por parte del Concello después de que “el denunciado -Fernández Ojea- ha incumplido de forma reiterada los requerimientos de demolición efectuados por esta administración”.
Sentencias judiciales
Y concretar que del examen del expediente administrativo, que se remonta a octubre de 2000, y de las sentencias judiciales, tanto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Ourense y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se “deduce que las obras objeto de controversia son ilegales”, por lo que para la restitución del orden urbanístico infringido se debe proceder a la demolición de los construido en terreno público.
También se deja constancia en el informe emitido por los técnicos municipales, y que llevaron a acuerdo adoptado por el Gobierno municipal, es que en este caso, se han impuesto a Fernández Ojea varias multas coercitivas, la última de ellas, en julio de 2007, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con un importe de 600 euros.
Con anterioridad, el 20 de marzo de 2003, la comisión Municipal de Gobierno acordaba imponer a Ovidio Fernández Ojea una nueva multa coercitiva de 301 euros por no haber ejecutado la demolición de las obras ilegales ejecutadas en la parte trasera del local. El acuerdo de ejecución subsidiaria adoptado la pasada semana por el Gobierno municipal, pone fin a los incumplimientos.