A.F. - O CARBALLIÑO
El Tribunal Superior de Xustiza ordena en su última sentencia el derribo de seis áticos del edificio "Rogelio" de O Carballiño, que deberá llevar a cabo el concello. Un fallo que ayer mismo le fue comunicado a los propietarios de los inmuebles afectados y que recibieron con gran disgusto. La sentencia responde al último recurso que interpuso el concello en marzo.
Se trata de un problema que tanto el edil de Obras, Manuel Amil, como el alcalde, Carlos Montes, destacan que surgió en otra corporación municipal, regida por Argimiro Marnotes, pero que les toca ahora afrontar a ellos. Todo se inicia con la concesión de una licencia urbanística "irregular", que tras una paralización de las obras ante una denuncia vecinal, fue secundada por otra licencia que propició el fin de los trabajos pasando por alto las irregularidades .
Esta última sentencia, que no admite recurso alguno, ordena al Concello de O Carballiño a que de forma inmediata requiera a todos los vecinos del edifico "Rogelia" a desalojarlo en un plazo de seis meses. Asimismo requiere al ente local que en el plazo de un mes inicie las actuaciones necesarias para ejecutar la demolición (redacción del proyecto, contratación de la demolición, dotación presupuestaria). Por último, indica al alcalde que en caso de incumplir todo ello, se le podrá poner sanciones coercitivas por delito de desobediencia, y que deberá informar al Tribunal mensualmente de las actuaciones realizadas.
Según Montes se trata de un problema "faraónico" que teme no pueda afrontar económicamente el concello.
El Tribunal ve exceso de altura en la quinta planta, donde la altura de cumbrera del edificio entonces debería ser de tres metros y es de ocho. Pero la sentencia no menciona nada sobre posibles indemnizaciones a los vecinos afectados, quién pagará los gastos de hotel en caso de haberlos, ya que es probable que se tenga que desalojar todo el edificio, incluso los 12 locales comerciales. El total de afectados podrán rondar los 50.
El alcalde no descarta que los vecinos emprendan acciones legales contra el ayuntamiento, ya que fue éste quien concedió en su día la licencia de obras incumpliendo las normas urbanísticas de entonces.
Este proceso empezó en 1989 cuando se le concede la licencia a la constructora Fangó y hubo una denuncia de vecinos del edificio contiguo. Tras ello se paralizó la obra pero en 1991 se levanta la suspensión y se concede la licencia definitiva. Se vuelve denunciar, incluso ante el Tribunal Superior de Xusticia en 1992. Dos años después se estima el recurso, lo que suponía eliminar al quinta planta, pero el concello y promotor recurren sin éxito. En marzo de este año una sentencia estima parcialmente la petición del concello y permite dejar la quinta planta y derribar sólo los áticos.
