SANDRA DE LA FUENTE - OURENSE
La defensa de los padres del niño obeso presentó ayer en el Juzgado Número 2 de Ourense la prueba documental con la que pretende eximir a Luis Montoya y Margarita Gabarres de una acusación formal del Ministerio Fiscal por los delitos de desobediencia administrativa y sustracción de menores por haber desoído reiteradamente los requerimientos de la Xunta de Galicia para internar al pequeño en un centro de menores. El Gobierno autonómico decidió retirar a estos padres la tutela de su hijo tras 5 años de seguimiento y definitiva confirmación de que la obesidad que sufre el menor es consecuencia de una pésima alimentación que puede causarle gravísimos problemas de salud.
La prueba documental consiste en un informe de la perito psicológica Clara Isabel Fernández Rodicio contratado y pagado por los propios padres, y una fotografía reciente del menor que pretende acreditar que es un niño "grueso" pero feliz, no más gordo que "otros niños de Galicia y España", y que está "bien cuidado", según explicó el abogado de Montoya y Gabarres, José Manuel Rodríguez. Al juez corresponde decidir si continúa con la causa o la archiva, decisión que tomará en no menos de dos días.
La imagen, tomada el pasado día 11, fiesta de San Martiño en Ourense, muestra entonces a un niño que pesa "61 kilos", según apuntó Sinai Giménez Jiménez, presidente de la Asociación Pueblo Gitano, que asegura que el menor se encuentra en pleno proceso de adelgazamiento "controlado en todo momento por médicos y endocrinos". Asegura que desde que el caso de este niño se hizo público el pequeño continuó con la dieta y que hasta el momento ha perdido unos 18 kilos, cinco de ellos en las dos últimas semanas, lo que sitúa la balanza en "61 kilos".
Por su parte, la perito psicológica Clara I. Fernández concluye en su informe que sería totalmente "contraproducente" ingresarlo en el centro de menores de A Carballeira. Si bien admite que "hay que buscar una solución" a la situación de obesidad del menor, la psicóloga señala que "no es el internamiento el método adecuado".
La resolución pericial se basa en la valoración de los padres y una evaluación exhaustiva del niño, que incluye pruebas psicométricas adecuadas a su edad, tests de personalidad, exámenes de su estado psíquico actual, tests objetivos estandarizados y pruebas de dibujo. Clara Fernández asegura que en esta última prueba se fundamentan parte de sus conclusiones. De hecho, y aunque asegura que el contenido del informe forma parte del secreto profesional, sí admite que es en las ilustraciones donde el niño mejor expresa su concepto de la unidad familiar. Fernández Rodicio insiste que donde mejor está el niño es con su familia y por eso ve "perjudicial" la separación.
Por su parte, el abogado José Manuel Rodríguez indicó ayer que los padres se han visto obligados a "pagar" este informe porque el fiscal "no atendió" su petición de que el niño fuese examinado por dos psicólogos independientes: "La psicóloga ha actuado con total libertad, motivada por la pasividad del fiscal". Avalado por este informe, el abogado apunta que "a lo mejor los padres no están tan equivocados y resulta que su actuación no es caprichosa y responde a su legítimo derecho como padres a hacer lo que consideran mejor para su hijo". Así, suplica el archivo de la causa. Además, el letrado asegura no entender la vía criminal y apunta que "este caso debería dilucidarse por la vía civil". En todo caso, señala que Luis y Margarita "están dispuestos a asumir las consecuencias de sus actos, sean las que sean, y no piensan entregar al niño aunque los metan en prisión".
Pueblo Gitano confía en que el juez "sea humilde" y tenga en cuenta para su resolución que el niño "no está en situación de desamparo, que está en proceso de adelgazamiento y que puede haber una solución pactada con la Xunta".
