MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ - OURENSE
El Juzgado Número 2 de Ourense citó hoy a declarar a los padres del niño con problemas de obesidad para que aclaren si recibieron el requerimiento de la Xunta para entregar al menor; si es así por qué no lo cumplieron y que digan en qué lugar tienen oculto al niño, en paradero desconocido y sin escolarizar, desde que la Xunta dictó la resolución de ingreso para someterle a un tratamiento de adelgazamiento.
La instrucción del caso del niño de 9 años de edad, cuya tutela reclama el Servicios de Menores de la Xunta, tras observar continuos incumplimientos en la dieta del menor, por parte de sus los padres que ponen, “en grave riesgo” la salud del menor, fue trasladado al Juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense, en cumplimiento de la querella criminal presentada por el Fiscal Jefe de Ourense contra los padres, a los que acusa de sendos delitos de desobediencia y sustracción de menores.
Declaración
Según Antonio Piña, titular del Juzgado Número 2 y juez decano de Ourense, que tomará declaración hoy a los progenitores del menor, Luis Montoya y Margarita Gabarra “a los padres sólo se les puede tomar declaración para determinar por la vía penal si cometieron delito de desobediencia, pues el de sustracción de menores es más difícil de probar”.
A criterio del magistrado para demostrar un delito de sustracción de menores, primero tendrían que haberle entregado el niño a la Xunta, que es la que tiene la tutela, y luego proceder a la sustracción del mismo en el tutelar donde estuviera ingresado”.
El niño llegó a pesar en 2008 y con sólo 8 años de edad, hasta 86 kilos de peso, que se han reducido a los 70 kilos en los dos últimos meses, según el testimonio de los padres, lo que demuestra que hay “una voluntad de cambio”, que no justifica su ingreso en un centro tutelar.
Sólo una actuación urgente de la Xunta, incoando una ejecución urgente de la resolución adoptada en septiembre pasado en la que decidió asumir la tutela del niño, podría agilizar este asunto según fuentes judiciales.
De otro modo la situación se complica. Si los padres no comparecen hoy a la citación juez, se procedería al auto de detención de los mismos. Si acuden y como se prevé siguen sin colaborar y no entregan al niño se crearía una situación sin precedentes, que obligaría a buscar nuevas salidas legales, pues no hay jurisprudencia previa que facilite saber cómo actuar en un caso similar, en el que los padres se nieguen sistemáticamente a entregar al menor y en el que además no hay solicitud de ejecución por parte de la Xunta.
