SOFÍA LÓPEZ - OURENSE
El fiscal de Ourense Héctor Iglesias pide un total de 91 años de prisión para nueve personas, algunas de ellas de nacionalidad colombiana y con residencia ilegal en España, a las que considera integrantes de una red dedicada al tráfico de drogas en la comarca de Valdeorras, sustancias que llegaban desde Madrid. La organización fue desmantelada en 2003 por la Guardia Civil en la conocida como “Operación Avellana”, en la que los agentes se incautaron de casi medio kilogramos de cocaína y hachís.
La sala de la Audiencia Provincial de Ourense acoge los días 1, 2 y 3 de diciembre el juicio contra Harold Andrés Bonilla Tejada, su compañera sentimental, Yuli Paulina Mendes Giraldo; Oswaldo Amaya Laurada, Juan Carlos García Barba, alias “Cacao” y su pareja, Anabella Lozada Vergara, alias “Ana”, “Sindi” o “La Chimba”; Arsenio García Barba, apodado “Carra”, hermano de Juan Carlos; Carina Andreia Marqués das Neves, novia del anterior; Enrique Ramos González, alias “Quique” e Isabel García Arias, “Isa”.
El fiscal sostiene en su escrito de acusación que a partir del mes de abril de 2003 y en virtud de investigaciones llevadas a cabo por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de A Rúa, enmarcadas dentro de la citada operación, se tuvo conocimiento de que los acusados, a excepción de Isabel García Arias, podrían integrar una banda organizada dedicada a la introducción y venta ilegal de sustancias psicotrópicas, principalmente cocaína.
Así, tras el análisis de las numerosas conversaciones telefónicas mantenidas entre los acusados e intervenidas previa autorización judicial, de las transferencias bancarias efectuadas entre ellos, del seguimiento policial que se les hizo y de otras diligencias de investigación, se pudo constatar que esta asociación delictiva se estructurada internamente en tres estadios o niveles, ordenados de mayor a menor jerarquía.
De este modo, Héctor Iglesias considera que en el primer estadio actuaban como proveedores Harold Andrés, Yuli Paulina y Oswaldo. A su juicio, ejercían la dirección superior y control último de la organización y analizaban la información que les facilitaban sus subordinados, casi siempre canalizada a través de su compatriota Anabella.
Distribución
Determinaban el momento y la cantidad de droga que iban a introducir en el mercado, viajaban desde sus respectivas residencia en Madrid, transportando la cocaína a los domicilios de los hermanos García en O Barco, a quienes entregaban la droga. Exigían el pago, bien en mano o con ingresos en sus cuentas bancarias, y no vendían a consumidores finales.
Para el fiscal, el segundo estadio es el de los distribuidores, en el que sitúa a Juan Carlos, Anabella, Aresiono y Carina. Considera que estas dos parejas eran los receptores directos de la cocaína traída por los proveedores y ostentaban una posición intermedia dentro de la banda, puesto que si bien obedecían las instrucciones de sus superiores, tenían a su vez a otras personas bajo sus órdenes.
Éstas terceras personas se encargaban de buscar compradores, realizar los actos concretos de venta, cobrar, y en algunos casos reclamar deudas a los morosos por medios violentos. Sin embargo, matiza que esto no excluía que en determinadas ocasiones también estos cuatro distribuidores vendieran directamente cocaína a drogodependientes, citándolos a través del teléfono móvil a sus respectivos domicilios. El dinero obtenido era ingresado en cuentas bancarias de los proveedores.
Enrique, el último eslabón
El escrito de acusación recoge que el tercer estadio, el de los intermediarios, estaba integrado por Enrique Ramos, que formaba el último eslabón de la agrupación delictiva, ya que ejecutaba las misiones que le encomendaban los distribuidores.
El fiscal manifesta que cada grupo de personas tenía una función perfectamente definida y diferenciada dentro de la red organizada que formaban, si bien todas ellas se comunicaban frecuentemente entre sí, y se auxiliaban recíprocamente, siempre con la finalidad última y común de traficar con drogas.
Hectór Iglesias defiende que cuando algunos de los hermanos García Barba resultaba desabastecido de droga se la solicitaba directamente al otro, o bien le indicaba al comprador a dónde debía dirigirse. Además, los dos hermanos compartían el mismo intermediario y varios consumidores finales se ayudaban para el cobro de deudas y no permitían a terceros introducirse en la organización ni que conocieran o contactaran con los cabecillas.
Al margen del grupo criminal se encontraba Isabel García, que vendía hachís a los consumidores finales.
