M.J. ÁLVAREZ - OURENSE
Los padres del niño ourensano aquejado de obesidad mórbida volvieron a negarse ayer a entregar al menor, que sigue en paradero desconocido, y en su lugar presentaron un escrito ante la Delegación del Servicio de Familia y Menores de la Xunta en Ourense con una propuesta transaccional: que la dieta del niño, encaminada a corregir los graves problemas de salud que le está causando su obesidad, se lleve a cabo en el propio domicilio familiar y sea vigilada y controlada por un médico endocrino de la ciudad, que ya se ha ofrecido voluntariamente para este fin.
Luis Montoya y Margarita Gabarres, los padres del menor de 9 años de edad y 70 kilos de peso al que las múltiples patologías derivadas de su obesidad –problema que arrastra de desde los 5 años–, le han costado una resolución judicial que obliga a su internamiento en un tutelar de menores para controlar su peso, volvían a romper ayer su silencio para reconocer que "nos hemos equivocado con la alimentación de nuestro hijo, ahora está en situación de riesgo, pero nunca estuvo en desamparo".
En el despacho de su abogado, José Rodríguez Díaz, y rodeados por una presencia mediática sin precedentes, el letrado dio lectura a un extenso comunicado en el que los padres explican que "el médico endocrino de la ciudad Jesús Manuel Suárez nos ha ofrecido su total y desinteresada disposición a ayudarnos y de hecho ya ha reconocido al niño en un centro médico de la capital a finales de la pasada semana".
Este médico se compromete a ponerle una dieta al menor, a emitir informes periódicos cada quince días al Servicio de Menores "y estimamos que con ello se cumple la finalidad perseguida por el Servicio de Menores".
Por todo esto, y en tanto no se pronuncie la Administración, "no vamos a entregar voluntariamente a nuestro hijo para su ingreso en el Centro de Protección de A Carballeira, porque entendemos que no tiene sentido dicho ingreso al desaparecer el motivo del mismo con controles periódicos realizados por un médico endocrino", señalaron.
Añaden que en el caso de que el Servicio de Menores "no aceptase nuestra propuesta, reconsideraríamos nuestra postura, siempre actuando en interés de nuestro hijo. Sabemos que tiene un problema, la obesidad, pero no creemos que éste sea motivo suficiente para arrancarnos a nuestro pequeño".
Por su parte fuentes judiciales señalaron que los padres podrían incurrir en falta leve o grave de desobediencia, y si se incumplen los requerimientos de entrega y el tema pasa a la vía penal podría suponerles hasta cuatro años de cárcel.
