Rodríguez dice que la denuncia a Nóvoa es un asunto "personal"

El alcalde sostiene sentirse "calumniado" en la adjudicación de la recogida de basura

 

V. R. - OURENSE El alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, quiso dejar claro ayer que la denuncia que presentó contra el portavoz de grupo municipal del Partido Popular, Enrique Nóvoa "es un asunto de carácter personal". Y sostiene sentirse "calumniado y difamado" por las afirmaciones realizadas sobre presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio de limpieza y recogida de basura.
También quiso concretar, al término de la presentación del Mapa Escolar del Concello de Ourense, junto a la concejala de Educación, Ana Garrido, que desde la presentación de la denuncia en el juzgado de guarda "no recibí ningún tipo de noticia al respecto", debido a que desconoce el proceso que se sigue en estos casos.
Rodríguez reiteró ayer que las imputaciones realizadas en su momento por Enrique Nóvoa son muy graves, de ahí que se decidiese a acudir a la vía judicial, una cuestión sobre la que hubo discrepancias en su entorno político más próximo.
El proceso de adjudicación del servicio municipal de limpieza y recogida de basura, que finalmente fue a la unión temporal de empresa formada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y el grupo Copasa, con un coste anual de 8,8 millones de euros, estuvo sujeto a polémicas.
Así, el portavoz popular denunció que el gobierno bipartito "tenía el muñeco -la empresa- y que le estaban haciendo el traje correspondiente", en alusión a todo el proceso seguido, desde el pliego de condiciones a la valoración realizada. Una aseveración que mantuvo Nóvoa después de que la Junta de Gobierno Local aprobase la adjudicación.
Lo que llevó a que Francisco Rodríguez decidiese acudir al juzgado, una decisión que Enrique Nóvoa interpretó como un claro intento de "amedrentarme", a la vez que manifestaba sentirse "muy tranquilo" debido a que estaba defendiendo los intereses de los ciudadanos.
Lo que está pendiente de conocerse es la decisión del fiscal, que podría llevar a que se iniciase actuaciones penales o, por contra, se archivase la denuncia.

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