El Juzgado Nº 1 de Ourense anula dos contrataciones ilegales efectuadas por el alcalde de A Gudiña

A.F. - OURENSE El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 de Ourense anula dos contrataciones ilegales realizadas por el alcalde del Concello de A Gudiña, en el año 2008. Una resolución ante la cual la Confederación Intersindical Galega (CIG) lamenta que sean los tribunales los que corrijan “las decisiones arbitrarias e injustas de ciertos alcaldes de la provincia de Ourense, que sin salir del siglo XIX piensan que la democracia consiste en hacer lo mismo que ya venían haciendo”.
La Unión Local de la CIG de Verín asegura haber perdido la cuenta de la cantidad de procesos judiciales que se vieron en la obligación de emprender durante el presente año contra decisiones de alcaldes y políticos, que al final fueron anuladas por ser injustas e ilegales.

Plaza de auxiliar

Entre éstas destacan el caso del delegado de Personal de la CIG en el Concello de Verín, despedido y readmitido por imposición judicial, la plaza de auxiliar de la biblioteca adjudicada por dicho ayuntamiento, el afiliado de la CIG en el Concello de Rairiz de Veiga, con más de 14 sentencias de condena a la institución, la afiliada sindical de este mismo concello despedida; afiliados en el ayuntamiento de Os Brancos, despedidos dos veces, y tres afiliados de la CIG en Calvos de Randín, despedidos dos veces y también readmitidos por imposición judicial.
A todas éstas se suma ahora la sentencia judicial, publicada el día 23, por la que se anuló una plaza de conserje del Colegio Laureano Prieto de A Gudiña y una plaza de vigilante municipal de Obras y Servicios, adjudicadas ambas por el alcalde del concello en el mes de febrero de 2008, “violando el derecho de libertad sindical de la CIG y, por extensión, limitando los derechos de todos los trabajadores a optar en pie de igualdad con los adjudicatarios”.
La Unión Local de la CIG de Verín, en este caso, tras ser condenado el Consello de A Gudiña a anular las citadas plazas, así como a convocar la Mesa Xeral de Negociación y a la Convaerxencia Internacional Galega, CIG, , con el objeto de reiniciar el proceso selectivo en condiciones legales, ofrece a todos los participantes en el proceso anulado sus servicios jurídicos, de forma gratuita por si por si desean emprender acciones judiciales contra la Institución Local y el alcalde, en reclamación de los daños y perjuicios sufridos, derivados de permanecer más de un año privados del derecho de tener un puesto de trabajo público.
La Cig recalca que ha pedido la cuenta de los procesos abiertos con una casuística como la que aquí se denuncia.