Los barrios por donde discurre el Barbaña serán parte interesada en la investigación del vertido

J.FRAIZ - OURENSE Seis asociaciones de los barrios por donde discurre el río Barbaña han consolidado el germen de la acción vecinal contra los vertidos tóxicos que provocaron en junio una grave afectación del caudal además de la muerte de 17.000 peces. Estos colectivos han constituido una plataforma que va a personarse como parte interesada en la investigación que instruye la Fiscalía de Ourense, tras las diligencias del Seprona, acerca de las causas y la responsabilidad del vertido de metales pesados.
El procedimiento permitiría, en primer lugar, "el acceso a la información que se maneja sobre el caso para saber, al menos, qué es lo que pasa" y podría derivar en la personación de la Plataforma Veciñal en Defensa do Río Barbaña como acusación particular en el proceso. Así lo confirma a este periódico Rosa Díaz, presidenta de la Asociación "Parque Barbaña", que motivó la integración de colectivos y cuenta con la colaboración, por el momento, de otros cinco grupos integrados: Arranxar, Carlasca, O Polvorín, San Breixo y Ponte Noalla completan la terna. "La idea es invitar a todas las asociaciones para que se involucre toda la ciudad de Ourense", porque el río Barbaña "pasa por el centro de Ourense y desmboca en el Miño", recuerda.
Otros representantes vecinales miran de reojo al Concello de San Cibrao, cuya depuradora detectó el vertido, y es donde se sitúa el posible origen del foco contaminante. Sobre el saneamiento, el presidente del colectivo San Breixo, Juan Antonio Cid, indica que "el pozo séptico de la depuradora no se abre en los instantes en que hay mayor caudal". Añade que "la depuradora no funciona y la empresa responsable (Espina y Delfín) deja mucho que desear".
En paralelo al trabajo del fiscal, la Confederación Hidrográfica del Miño Sil continúa estudiando, en el seno de una comisión de expertos, la cuantía de las sanciones que podrían aplicarse. El mes pasado fuentes del organismo de cuenca cifraban la posible imposición entre los 300.000 y los 600.000 euros; por consiguiente, una carga del 7 o del 14% sobre el presupuesto municipal aprobado en 2009.