Según la Asociación ecologista "Matar por Matar Non", el Concello de O Carballiño remitió al Valedor do Pobo un escrito con el que pretende justificar las razones por las que le prohibió entrar en la perrera municipal. Destaca que se le echa la culpa "a los anteriores gestores de las instalaciones, juzga y condena asuntos que aún no fueron admitidos a trámite, utiliza a los trabajadores y otras personas que dependen de él para hacer acusaciones vacías y acaba confirmando que quien emitió la orden de prohibir la entrada fue él mismo, en abril, usando una norma que inventó y que no existe en la ordenanza de la perrera".
La asociación le recuerda al alcalde de O Carballiño, Carlos Montes, que para aplicar cualquier sanción o limitación de derechos a un vecino es necesario seguir unos procedimientos que están escritos y contenidos en una ley específica, y mientras se tramita se debe dar al afectado el derecho a defender y contestar a cualquier prueba contra él. Asegura que Montes no abrió ningún procedimiento y actuó arbitrariamente.
Dice que el regidor afirma en sus explicaciones que Julio Fernández, presidente de la asociación, trabajó en la perrera como voluntario del grupo Outeiro, algo que es falso ya que "nunca pertenecimos a ese grupo. Sólo en 2008 trabajamos, sin cobrar, haciendo lo que otros cobraban por hacer y no hacían". Asimismo, observa que la ordenanza de la perrera no exige una autorización para hacer visitas.
Finalmente, lamenta Fernández que el Valedor do Pobo ante "tan convincentes explicaciones, sin entrar en el mérito ni en la legalidad, archiva el caso".
