La familia de Laura considera "aberrante" que un tribunal popular pueda juzgar a Javier Cruz

J.FRAIZ - OURENSE La familia de Laura Alonso, que fue encontrada muerta hace una semana, considera “una aberración” que la causa contra Javier Cruz, presunto culpable, pueda ser juzgada por un tribunal popular, procedimiento que el Juzgado de Instrucción Número 4 de Sevilla ha dictado esta semana para enjuiciar la desaparición de la joven Marta del Castillo. En palabras de Manuel Olleros, tío abuelo de Laura y portavoz familiar, “este caso puede desbordar a las personas del jurado, ya que la gente de la calle no tiene conocimientos del Código Penal”. Deduce que “un abogado defensor que sea bueno podría confundirlos”, teniendo en cuenta que los requisitos ineludibles para formar parte de un judado son saber leer y escribir, no estar impedido física, psíquica ni sensorialmente y ser vecino de alguno de los municipios de la provincia en la que se produce el suceso.
Delitos contra las personas, como el que presuntamente ha provocado la muerte de Laura Alonso, pertenecen a las competencias del jurado popular según establece la ley. De forma más precisa, fuentes jurídicas aventuran que “es muy probable que este caso sea tratado por un jurado” (lo decretaría el Juzgado de Instrucción Número 3 de Ourense). Sin embargo, el impacto mediático y social que durante varios días está generando la desaparición y muerte de la joven de 19 años levanta distintas opiniones sobre la pertinencia de que Javier Cruz se enfrente a un tribunal popular o a un proceso ordinario.
“El abogado defensor tiene mayor capacidad de actuación con un jurado porque está formado por ciudadanos de a pie. Hay mayor disponibilidad de pleitos, el letrado no está tan enconsertado”; así valora la posibilidad un experto en abogacía al que ha tenido acceso FARO. Añade que la confección del tribunal popular determina también el grado de imparcialidad, requisito que se exige por juramento en los prolegómenos de la audiencia pública a los nueve miembros del jurado. Además, esta fuente explica que “algunos bufetes de gran tamaño utlizan detectives privados para estudiar cada caso”, en función de la lista que elabora la Audiencia Provincial tras la lista conformada mediante sorteo por la Oficina del Censo Electoral. Cita un ejemplo: “para abordar este caso (el de Javier Cruz), el abogado de la defensa tacharía de esa lista a una señora a la que se le conoce una hija de 20 años”.

La madre quiso dejar Toén
El portavoz de la familia, Manuel Olleros, destaca la necesaria labor de apoyo y dedicación que los más allegados han prestado a los padres de Laura. Tanto su progenitor, Cesáreo, como su esposa, Ramona, buscan tranquilidad y reposo en su casa de Toén, en donde vivían con la joven de 19 años. Olleros reconoce que “la madre pensó en marcharse del pueblo”, afectada además por el hecho de que el presunto agresor, Javier Cruz, es vecino del municipio. Con todo, el portavoz aclara que “se les convenció para que se quedaran”. La familia dobla esfuerzos para facilitarles la vida.

Núñez Feijóo estudia penas más duras por violencia de género
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha transmitido en persona al alcalde de Toén, Amancio Cid, agradecimientos por “la reacción y entereza” de los vecinos, alentando además el compromiso político de su Administración con las políticas de igualdad. El presidente anunció ayer que la Xunta estudiará promover una reforma penal “que endurezca las condenas por violencia de género, un fenómeno despreciable”. Se contempla la posibilidad de reducir beneficios penitenciarios o de exigir el cumplimiento íntegro de las penas, una demanda habitual de las asociaciones de mujeres y víctimas.
Oraciones por Laura
El trágico suceso ha provocado que las fiestas patronales se queden únicamente en celebración de tipo religioso en la iglesia parroquial, tal y como confirmaba el alcalde Amancio Cid. De momento, no se ha decidido que la misa en honor a San Antonio sirva además para recordar a Laura Alonso. El párroco de Toén, Camilo Parente, prefiere “no herir a ninguna de las dos familias implicadas”.