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IVÁN XIL - OURENSE
La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la ourensana Elena Espinosa, tiene sobre la mesa una solicitud de la empresa eléctrica Iberdrola para construir una nueva central de aprovechamiento hidrográfico sobre el río Sil, en pleno corazón de la zona de protección comunitaria de la Ribeira Sacra, y que conllevaría consigo la creación de un lago artificial de cerca de un kilómetro de ancho.
Las competencias de la Administración autonómica no llegan a esta zona incluida dentro de la Red Natura desde el año 2004 porque la Xunta todavía no ha elaborado el Plano Reitor de Uso e Xestión (PRUX) de los Lugares de Interés Comunitario. Los grupos ecologistas están convencidos de que si estos espacios estuviesen planificados "non se permitirían máis aproveitamentos hidrográficos na zona", por lo que tildan la situación de "desleixo e incompetencia da Administración autonómica, que acarreará unha serie de consecuencias ecolóxicas tremendas", explica Fins Eirexas, secretario ejecutivo de Adega.
El nuevo proyecto de Iberdrola en la Ribeira Sacra, conocido como central de Santa Cristina, no es más que la continuación de una serie de aprovechamientos hidrográficos en la zona, como la polémica ampliación de la central de Santo Estevo, cuyas supuestas irregularidades y daños ecológicos ya están siendo investigados por la Fiscalía. En este sentido, la compañía eléctrica tiene proyectada la construcción de otras dos centrales más en la zona.
"República bananera"
El PRUX de la Ribeira Sacra ni siquiera está pendiente de elaboración, según confirmó la consellería de Medio Rural, por lo que desde Adega califican la situación que sufren los espacios de protección medioambiental de la provincia como "virtuais" porque "simplemente están plasmados como tales no DOG, pero sen ningún documento de estudo que avale cales son as obras sustentábeis e cales non", dicen.
Para Fins Eirexas esta dejadez de funciones de la Xunta de Galicia en los temas medioambientales "compáranos cunha república bananera de primeira orde", en donde "as administracións públicas están completamente ao servizo das empresas privadas". El mayor problema, continúa Eirexas, "é que estos proxectos son soamente a punta de lanza de futuras licitacións de aproveitamentos".
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