El hijo del fiscal general del Estado solicita al ministro de Justicia el indulto de Benigno Moure

PATRICIA TORRES - OURENSE El abogado Cándido Conde Pumpido-Varela, hijo del fiscal general, solicitó al ministro de Justicia, el gallego Francisco Caamaño, que indulte al presidente de la Fundación San Rosendo, el sacerdote Benigno Moure, condenado a cinco años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida de los bienes de dos ancianos, vecinos de O Carballiño, que acogía en una de sus residencias y que ya han fallecido.
Fue precisamente el sobrino de los dos ancianos, además de acusación particular, quien dio la voz de alarma ayer sobre la carta. La misiva, según se pudo saber, fue enviada el pasado día 23 de junio por el citado abogado, y que además ejerce como letrado de la causa en nombre de Benigno Moure en Madrid, según precisaron miembros de la Fundación.
El abogado de Moure en Ourense, José Manuel Orbán, ha presentado a su vez un escrito ante la Audiencia Provincial solicitando que "suspenda el plazo otorgado para el ingreso en prisión del penado", según el documento, y reclamó la suspensión del cumplimiento de la condena mientras no se resuelva la petición de indulto.
Esa solicitud especifica que "quedó claramente evidenciado" que la ejecución de la condena con ingreso en prisión de Moure supondría un "daño irreparable a su persona y crédito, y a su salud".
Según la defensa, Moure, que está en libertad desde el inicio del proceso, no es un delincuente "habitual" ni "peligroso", por lo que considera que "no cabe pensar que un retraso o suspensión pueda afectar al cumplimiento efectivo de la pena".
Añade que las responsabilidades civiles y la multa impuesta a Moure ya fueron satisfechas, lo que supone un patrimonio total de unos 600.000 euros, además de varias fincas e inmuebles, de la pareja fallecida.
Aún así, una providencia del Tribunal Supremo recibida esta pasada semana retrasa "sine die" la ejecución de la sentencia de ingreso en prisión del presidente de Fundación San Rosendo, Benigno Moure.
En este caso, fue el notario Alejo Calatayud –el otro imputado en este juicio y que fue acusado de falsificación documental por las irregularidades en las actas notariales que permitieron que la fundación se hiciera con la herencia de los ancianos–, quien pidió una aclaración de los términos de la sentencia y el Supremo respondió la pasada semana con esta providencia, en la que decide no hacer firme la sentencia en tanto no se dé respuesta a la petición del acusado.
La acusación particular, le envió un escrito ayer a Madrid ante estos acontecimientos para que el Tribunal Supremo aclare además de esto, la resolución que mantiene pendiente el ingreso en prisión.